La incertidumbre persiste mientras se espera el pronunciamiento oficial de la Corte Constitucional (CC) sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra dos decretos firmados por el presidente Daniel Noboa.

Este 31 de enero de 2025, la Corte emitió un boletín informando sobre el progreso de varios casos en curso, incluyendo el caso 1-25-IN. Esta causa está relacionada con la demanda presentada el 7 de enero por el ciudadano Gabriel Santiago Pereira Gómez, quien cuestiona la constitucionalidad de los Decretos Ejecutivos 494 y 500, que permitieron a Noboa participar en la campaña electoral.

Según el boletín, la Corte ya tomó una decisión el 23 de enero de 2025 sobre estos decretos y, por conexión, sobre el Decreto Ejecutivo 505, emitido el 16 de enero. Sin embargo, “actualmente, se continúan reuniendo los requisitos procesales de ley previos a su notificación”, explicó la CC. Hasta completar este proceso, la información no puede considerarse oficial, a pesar de que circulan versiones sobre la posible resolución.

Detalles de los decretos impugnados

El Decreto Ejecutivo 494, expedido el 4 de enero de 2025, designó a Cynthia Natalie Gellibert Mora, secretaria General de la Administración Pública, como vicepresidenta constitucional. Esta designación fue válida hasta el 22 de enero o hasta que Verónica Abad Rojas asumiera su cargo en la Embajada de Ecuador en Turquía.

El Decreto Ejecutivo 500, del 7 de enero de 2025, encargó a Gellibert la Presidencia de la República desde las 17:00 del 9 de enero hasta las 16:59 del 12 de enero, mientras Noboa argumentaba una ausencia temporal por “fuerza mayor”.

El 10 de enero, el Tribunal de Admisión señaló que el decreto 494 no está sujeto a control abstracto de constitucionalidad, absteniéndose de emitir comentarios adicionales, sin que esto implique validar su constitucionalidad.

Pereira solicitó la suspensión provisional de estos decretos como medida cautelar, pero su solicitud fue rechazada en el auto de admisión.

Noboa ha firmado varios decretos para alternar entre sus funciones de presidente y su candidatura electoral, evitando así que la vicepresidenta electa, Verónica Abad, lo reemplace durante la campaña.

Abad, por su parte, presentó una acción de protección en la Función Judicial para anular los decretos que colocaron a Gellibert en la Vicepresidencia y en el encargo de la Presidencia. Sin embargo, el 29 de enero, un Tribunal declaró improcedente su acción, lo que llevó a Abad a instar a la Corte Constitucional a pronunciarse con celeridad.