La abogada de inmigración Evelyn Alonso ha destacado la importancia de que las personas en riesgo de deportación se preparen con antelación, para evitar complicaciones legales y familiares en caso de ser detenidos. Según Alonso, el proceso de deportación no es inmediato y puede prolongarse por meses, lo que genera incertidumbre y dificultades económicas para los afectados y sus familias.

“Nuestra recomendación para quienes están en proceso o en riesgo de deportación es que tengan sus documentos preparados con anticipación. De lo contrario, la familia puede enfrentar serios problemas, especialmente si la persona detenida es el principal sostén económico del hogar”, afirmó la especialista.

Sobre la posibilidad de evitar la deportación, Alonso indicó que en ciertos casos se considera la conducta moral de la persona, su historial criminal y su vínculo con familiares ciudadanos estadounidenses que dependan de él o ella. No obstante, enfatizó que estos factores no garantizan que la persona pueda permanecer en el país indefinidamente.

El proceso de deportación suele extenderse por varias semanas o incluso meses. “Las autoridades migratorias estadounidenses trasladan a los detenidos a centros de detención donde pueden pasar semanas antes de comparecer ante un juez. La falta de representación legal puede prolongar aún más el proceso”, explicó Alonso. También señaló que el gobierno estadounidense agrupa a varios deportados en un mismo vuelo para reducir costos, lo que también influye en el tiempo de espera.

Respecto a la diferencia entre quienes ingresan al país con visa de turista y quienes cruzan la frontera ilegalmente, la abogada indicó que, aunque la administración actual trata a todos por igual en los procesos de deportación, quienes entraron legalmente tienen mayores oportunidades de regularizar su estatus, por ejemplo, mediante el matrimonio con un ciudadano estadounidense.

Los menores de edad cuyos padres son deportados pueden acompañarlos en el vuelo de regreso a su país de origen. Sin embargo, en el tiempo en que el adulto permanece detenido, los niños quedan al cuidado de familiares o amigos. En los casos donde no hay un tutor disponible, el estado puede intervenir y asumir la custodia temporal de los menores.

Finalmente, Alonso enfatizó la necesidad de tomar medidas preventivas, como otorgar poderes legales a una persona de confianza para manejar bienes y custodias en caso de una deportación. “Es fundamental anticiparse a estos escenarios para evitar que las familias enfrenten dificultades mayores”, concluyó la abogada.