En los últimos dos años, aproximadamente 35.000 ecuatorianos han sido deportados desde los Estados Unidos, y se espera que esa cifra continúe en aumento debido a la radicalización de la política migratoria impulsada por Donald Trump. Ante este panorama, el país enfrenta serios desafíos para la absorción de esta población dentro del mercado laboral.

El abogado laboralista Luis Fernando Heinert, en una entrevista con Ecuavisa, alertó sobre la limitada capacidad del país para integrar a los deportados en el sistema productivo. “Nuestro mercado laboral puede dividirse en tres estratos: grandes empresas, medianas empresas y pequeños negocios”, explicó. Según Heinert, solo el 10% de los deportados podría ser absorbido por grandes empresas debido a su formalidad y falta de crecimiento en la última década. En las medianas empresas, el porcentaje de inserción laboral podría ascender al 20%, mientras que en las pequeñas empresas y negocios informales se concentraría el 70% de las oportunidades, aunque en condiciones de precariedad laboral e incluso con riesgo de caer en la criminalidad.

Para mejorar la situación, Heinert enfatizó la necesidad de reformas estructurales en el Código del Trabajo. Entre sus propuestas se encuentran la eliminación de la huelga con toma de instalaciones, la revisión del sistema de jubilación patronal y una modificación en la distribución de utilidades, sustituyéndolas por un bono de rendimiento. Además, planteó la posibilidad de flexibilizar las modalidades de contratación para los deportados, como ya se hizo en la pandemia con acuerdos ministeriales.

El experto también destacó la importancia de fomentar el trabajo autónomo y los emprendimientos, señalando que “armar un negocio es relativamente fácil, pero deshacerlo es un verdadero infierno”. Para ello, sugiere otorgar facilidades crediticias y exenciones fiscales similares a las que ya tienen los artesanos. “Se podría extender ciertos beneficios a los deportados que quieran emprender, como la exoneración del pago de décimo tercero y cuarto sueldo, así como del IVA”, afirmó.

Ante la creciente ola de deportaciones, Heinert alertó que Ecuador ya enfrenta una crisis laboral que requiere respuestas urgentes y estructuradas para garantizar la reinserción efectiva de los ciudadanos retornados.