El pasado 22 de enero, mediante un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la desaparición, posterior asesinato e incineración de Ismael, Josué, Nehemías y Steven. Este organismo, encargado de promover y garantizar la observancia de los derechos humanos en la región, destacó la gravedad del caso, otorgándole la relevancia que merece.

El pronunciamiento de la CIDH constituye un respaldo significativo para las familias de los cuatro niños, ya que refuerza su exigencia de que los hechos sean investigados a profundidad y los responsables sancionados. Este llamado cobra aún más importancia considerando que las familias han sido objeto de ataques, estigmatización y campañas de desprestigio promovidas, incluso, por funcionarios del régimen.

Además, la declaración de la CIDH podría ayudar a frenar las actitudes hostiles e intimidatorias del ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, hacia la jueza que concedió el hábeas corpus y reconoció la desaparición forzada de los menores. Cabe recordar que el ministro Loffredo, en lugar de ofrecer disculpas públicas a las familias de los niños, como correspondía, apareció en cadena nacional rodeado del Alto Mando Militar. En su intervención, lejos de asumir la responsabilidad de los 16 implicados en el caso, utilizó un tono amenazante y autoritario contra la jueza, responsabilizándola de liderar un supuesto proceso de persecución política.

La CIDH también subrayó la necesidad de que el régimen adopte medidas urgentes para garantizar que las políticas de seguridad interna incluyan un enfoque de derechos humanos, con especial atención a la protección de niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Todo esto ocurre en un contexto marcado por nuevas denuncias contra el Ejército Nacional, implicado en otros casos de desaparición forzada, lo que evidencia la urgencia de una revisión profunda de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos en el Ecuador.