La abogada y experta en políticas públicas, Karen Sichel, se pronunció sobre la crisis institucional que atraviesa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), calificándolo como un “problema orgánico del sistema” que afecta gravemente el Estado de derecho en el país.

En una entrevista concedida a “Contacto Directo”, Sichel cuestionó el modelo estructural del CPCCS, el cual, según ella, permite la cooptación del poder por parte de partidos políticos y movimientos con intereses particulares. “El Consejo nació en la Constitución de Montecristi y concentra el poder de designar al menos 77 autoridades de control. Esto genera una situación en la que cuatro de sus siete miembros pueden controlar funciones clave del Estado”, afirmó.

La abogada destacó que la falta de transparencia en la designación de autoridades ha convertido al CPCCS en un ente burocrático, ineficiente y politizado, que posterga la selección de funcionarios esenciales para la institucionalidad del país. “El sistema de concursos de méritos y oposición es innecesariamente complejo y prolongado, desincentivando la participación ciudadana. Casos como la selección del Defensor Público, que tomó cinco años, y la del Contralor, que tardó tres, son prueba de ello”, señaló.

Sichel también abordó la falta de voluntad política para reformar o eliminar el CPCCS. Recordó que en 2019 un grupo de ciudadanos impulsó una reforma constitucional para eliminar este organismo, la cual fue bloqueada en la Asamblea Nacional. Asimismo, en el referéndum de 2023, la propuesta del gobierno de Guillermo Lasso para restarle facultades al CPCCS fue rechazada por la ciudadanía, algo que Sichel atribuye a desinformación y a la coyuntura política del momento. “Los ciudadanos no entendieron que la consulta no era sobre la popularidad del presidente, sino sobre soluciones estructurales”, explicó.

En cuanto a las recientes decisiones del CPCCS, Sichel criticó la actuación de los consejeros Augusto Verduga, Franco Lor y Yadira Saltos, señalando que “trampearon la ley” para acceder a sus cargos. “Llegaron ahí con el respaldo de Rafael Correa y ahora buscan imponer sus intereses políticos en la designación de autoridades clave como el fiscal general y el Consejo de la Judicatura”, denunció.

Sobre las posibles soluciones, la experta planteó dos alternativas principales: una reforma constitucional que reestructure la designación de autoridades de control, devolviendo esta función a la Asamblea Nacional bajo un esquema de meritocracia y transparencia; y la impugnación legal de los reglamentos emitidos por el CPCCS, los cuales, según Sichel, “son inconstitucionales y permiten la manipulación de los concursos públicos”.

“Mientras no exista un acuerdo nacional para acabar con estos abusos, los ciudadanos seguiremos siendo víctimas de un sistema que premia la politiquería y destruye la institucionalidad del país”, concluyó.