En una reciente entrevista en Vera A Su Manera, Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, subrayó la importancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en la política ecuatoriana, advirtiendo que el futuro del país podría depender de las decisiones que este organismo tome en el corto y largo plazo. Jaramillo se centró en dos aspectos clave: la elección del Fiscal General del Estado, un proceso fundamental para el país, y la situación de los consejeros vinculados con la “Liga Azul”, quienes enfrentan graves acusaciones por ilegalidades cometidas en su ejercicio.

Jaramillo explicó que el CPCCS tiene la responsabilidad de decidir quién será el Fiscal General de la Nación, un cargo de vital importancia para la justicia del país. “La suerte del país se juega en el Consejo de Participación, pues el organismo deberá elegir al Fiscal General, quien tiene la llave para garantizar la justicia en el país”, afirmó.

Además, Jaramillo abordó el delicado tema de los cuatro consejeros de la “Liga Azul” vinculados con el correísmo. Estos consejeros están siendo cuestionados por su presunta ilegalidad en la elección de sus cargos, después de que se probara su vinculación con un partido político, algo que contraviene la ley. Los consejeros enfrentan un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y podrían ser destituidos por violar la normativa electoral. “Este proceso no solo se resuelve a nivel del TCE, sino también en la Corte Constitucional y la Fiscalía General del Estado”, señaló Jaramillo, asegurando que no solo enfrentarán sanciones administrativas, sino posibles consecuencias penales.

La abogada también destacó el papel del Observatorio de Control Ciudadano, que ha sido crucial en la lucha contra la corrupción y la defensa de la transparencia en Ecuador. “Desde el Observatorio hemos impulsado denuncias contra actos ilegales, desde la corrupción electoral hasta prácticas indebidas en las universidades”, señaló Jaramillo, quien tiene un extenso historial de activismo, incluido su exitoso caso contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Jaramillo mostró su preocupación por la dilación de las resoluciones judiciales, especialmente en el caso de la recusación presentada por uno de los consejeros de la “Liga Azul”. A pesar de los esfuerzos de algunos miembros para retrasar la sentencia, Jaramillo es optimista en que la justicia prevalecerá: “El TCE debe actuar sin demora y ratificar la destitución de los consejeros que han violado la ley”, afirmó.

La situación actual del CPCCS es un tema candente que continuará siendo analizado en los próximos días, y Jaramillo no dudó en reafirmar su compromiso con la justicia y la transparencia. “No solo se trata de sancionar, sino de garantizar que las instituciones cumplan con su deber y no se vean sometidas a intereses políticos que dañan a la democracia”, concluyó.