La minería ilegal se ha convertido en uno de los mayores desafíos para Ecuador, afectando no solo el medio ambiente, sino también la economía y la seguridad del país. Así lo destacaron José Julio Neira, secretario de Integridad Pública y presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM); Mónica Palencia, ministra del Interior; e Inés Manzano, ministra de Ambiente, durante una entrevista en el programa Vera a su Manera.

Un informe publicado el pasado 20 de enero por Plan B reveló que en los últimos tres años 56 exportadores sin registros claros vendieron oro por más de 1.000 millones de dólares. Estas exportaciones, principalmente dirigidas a India y Arabia Saudita, fueron realizadas por empresas y personas legalmente registradas, pero sin vínculo directo con actividades mineras.

“El problema radica en que estas exportaciones llevan certificados de origen emitidos por el Estado ecuatoriano. Esto da una apariencia de legalidad al oro en el mercado internacional, mientras el Estado pierde control y regalías”, explicó Juan Carlos Calderón, periodista y analista invitado al programa.

El CONIM, creado el 23 de octubre de 2024, busca atacar de raíz la minería ilegal. José Julio Neira explicó que el comité está compuesto por dos subcomités:

1. Seguridad y control: enfocado en reforzar la regulación minera y mejorar los controles ambientales.
2. Económico: encargado de garantizar una recaudación transparente y supervisar las regalías del sector minero.

Neira destacó que, a diferencia de su predecesor, el SECMI, el CONIM trabaja de manera interdisciplinaria e interoperativa con instituciones como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y las Fuerzas Armadas. “Por primera vez, hemos logrado el cruce de información entre todas las entidades involucradas”, aseguró.

Resultados iniciales

Desde su creación, el CONIM ha logrado resultados significativos:

• Se han destruido 295 bocaminas y 56 campamentos de extracción ilegal.
• Se dinamitaron 128 excavadoras valoradas entre 100.000 y 150.000 dólares cada una.
• Se detuvieron a 57 personas involucradas en actividades ilícitas.

Mónica Palencia resaltó la importancia de estas acciones, pero enfatizó que aún queda mucho por hacer. “Nos enfrentamos a mafias organizadas que no solo dañan el medio ambiente, sino que afectan gravemente a las comunidades cercanas”, afirmó.

Inés Manzano, ministra de Ambiente, señaló que la minería ilegal es el mayor depredador ambiental del país. “El daño no solo afecta a la flora y fauna, sino también a las fuentes de agua, que son vitales para las comunidades”, indicó.

Manzano destacó la necesidad de abrir el catastro minero para regularizar a los pequeños mineros y garantizar que las concesiones mineras cumplan con estándares ambientales y sociales.

El CONIM busca no solo atacar la minería ilegal, sino también sentar las bases para una regulación sólida. Neira insistió en que la voluntad política del presidente Daniel Noboa ha sido clave para avanzar en esta lucha. “No basta con destruir bocaminas; necesitamos construir un sistema que prevenga la minería ilegal desde su origen, reforzando la institucionalidad y la normativa minera”, concluyó.

Desafíos pendientes

Aunque los avances son prometedores, los entrevistados coincidieron en que el camino hacia la erradicación de la minería ilegal es largo. La falta de normativas claras y de coordinación interinstitucional sigue siendo un reto.

El programa concluyó con un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para unir esfuerzos en esta lucha, que no solo afecta al Ecuador, sino también a su imagen en el escenario internacional.