La violencia en las instituciones educativas de Ecuador sigue en aumento. Grupos armados organizados han convertido a escuelas y colegios en escenarios de extorsión, amenazas y actos delictivos. Profesores, estudiantes y familias enteras se ven obligados a pagar entre 20 y 200 dólares semanales bajo la promesa de “protección”.

En 2024, la Unión Nacional de Educadores (UNE) reportó más de 300 casos de maestros que fueron víctimas de amenazas, intimidación, violencia física, psicológica y hasta secuestros. Sin embargo, se presume que la cifra real podría ser mucho mayor, ya que muchos docentes prefieren callar por temor a represalias.

Un caso emblemático es el de un director de escuela pública en una zona rural, cuyo nombre permanece en el anonimato por seguridad. A sus 33 años, este máster en pedagogía recibió amenazas directas de un estudiante vinculado a un grupo armado, quien le envió fotos de su casa y su familia. Aunque la policía le recomendó abandonar su cargo y mudarse de provincia, el Ministerio de Educación no lo ha reubicado. Actualmente, el docente le paga a otro para que lo reemplace, mientras enfrenta la incertidumbre y el miedo.

En el mismo colegio, otros 25 profesores también han sido extorsionados y amenazados. Las bandas han sembrado terror en la comunidad, con asesinatos brutales como cuerpos desmembrados en ríos y ejecuciones frente a la institución educativa. Hasta ahora, se registran al menos 26 muertes relacionadas con estas actividades criminales, incluidas tres ocurridas en las inmediaciones del plantel.

Los estudiantes también son blanco de estas bandas. En un colegio público de Quito, un alumno vinculado a una organización criminal robó a una compañera, mientras otros miembros venden drogas, portan armas y asaltan durante los recreos. Según un padre de familia, estos grupos disputan territorios, protagonizan enfrentamientos violentos y normalizan la violencia entre los jóvenes.

La narcocultura ha permeado las aspiraciones de los estudiantes en zonas de alta incidencia delictiva, donde algunos prefieren seguir el ejemplo de líderes de bandas criminales en lugar de profesionales o deportistas.

El Ministerio de Educación informó que ha recibido 448 denuncias por extorsión, robos y secuestros en el ámbito educativo. Para enfrentar esta crisis, en mayo de 2024 se implementó el programa “Comunidades Educativas Seguras y Protectoras”, al que se han sumado 500,000 personas. Sin embargo, expertos y docentes afirman que se necesita mucho más, desde mayor presencia policial hasta una transformación en los contenidos educativos para contrarrestar la influencia de la narcocultura. (Fuente- DW-Carla Maldonado)