La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional emitieron un comunicado conjunto en el que enfatizan que todas sus actuaciones se realizan conforme a la ley, en respuesta a intentos de difundir información falsa sobre sus funcionarios en el contexto del caso Ligados.

Según el comunicado, las instituciones actúan de manera técnica y con autorización judicial, buscando esclarecer hechos delictivos. Aseguran que las diligencias, como las realizadas el 24 de enero en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), cumplen estrictamente las disposiciones legales.

Durante el operativo en el Cpccs, que incluyó allanamientos por presunta usurpación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones de autoridad, se registró un incidente entre el consejero Augusto Verduga y una agente fiscal que intentó tomar su celular, generando críticas en redes sociales.

La Fiscalía y la Policía Nacional condenaron los intentos de desinformar y amedrentar a los funcionarios involucrados en el operativo. Denunciaron que grupos con altos recursos económicos estarían financiando campañas en redes sociales para desacreditar sus acciones.

El caso está relacionado con la polémica designación de Raúl González como superintendente de Bancos, realizada por cuatro consejeros del Cpccs el 22 de enero. Según la secretaría jurídica del Cpccs, los consejeros interpretaron de manera errónea una sentencia de la Corte Constitucional.

El debate en torno al caso continúa, mientras la Asamblea Nacional convocó para el lunes 27 de enero la posesión de Roberto Romero como superintendente de Bancos, en reemplazo del cuestionado nombramiento de González.