La escuela tiene un particular capital simbólico: formar y educar para la paz. La convivencia pacífica dentro y al exterior de los recintos escolares es clave para construir este imaginario.  Por eso la seguridad escolar no es sólo un problema pedagógico, es un problema esencialmente político.  Nos involucra a todos.

El crecimiento del crimen organizado tiene un profundo impacto en las dimensiones: política, económica, institucional y social en el Ecuador.  Según el Observatorio del Crimen Organizado: Ecuador es uno de los tres países más violentos de la Región.  La seguridad, como lo demuestra esta campaña electoral, coincidiendo con Barómetro de las Américas, es la principal preocupación de los ecuatorianos.  Estas estructuras criminales ya no son una amenaza periférica, que busca beneficios económicos, son actores que controlan territorios y se involucran en actividades políticas. El crimen organizado ha evolucionado de ser una amenaza periférica a convertirse en un actor significativo que afecta cada vez más esferas de la sociedad y el gobierno El enfoque en el control territorial y el involucramiento en actividades políticas sugiere que el crimen organizado también busca ejercer influencia política, legal e institucional. 

Según el mismo OECD, Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, Ecuador está entre los 10 países a nivel mundial, con mayor incidencia de criminalidad. Tiene la tasa de muertes violentas más alta de América Latina.   Ecuador bajó más de 50 puestos en la capacidad de respuesta ante el crimen, en cuanto a la aplicación de la ley y el servicio público. Recomienda particularmente fortalecer la inteligencia en fronteras: el 70% de la droga con destino internacional se incauta en puertos.  Pero existen graves afectaciones en territorios específicos como la Zona 8 Guayas, Durán y Samborondón, con el 35% de homicidios a nivel nacional, porque ahí operan quienes mueven la droga, por lo cual las organizaciones criminales, bandas, pandillas, niños y adolescentes reclutados y familias enteras reciben pagos. “Guayas tiene una relación particular por tratarse de una zona fundamental donde confluye una serie de delitos de las organizaciones, que van desde la contaminación de contenedores, hasta actividades directas de relacionamiento con la ciudadanía, a través de extorsiones”. 

Ecuador está acorralado por el narcotráfico que produce una violencia que asedia las escuelas.  Siete bandas y otras muchas fracciones criminales organizadas desafían al Estado, con estructuras de gestión en comandos territoriales que ha llevado a un aumento de actividades delictivas como el secuestro, la extorsión, el sicariato, asesinato de líderes políticos, trata de personas, infiltración en la justicia, en la estructura policial y militar y control del sistema carcelario. 

El problema del crimen organizado en el Estado y su impacto en la vida de niñas, niños y adolescentes es un tema que no puede ser ignorado. Habría que superar la visión idealizada de la escuela, la docencia, la niñez y la familia, para reconocer que en el espacio escolar existe la disputa por el poder, estos son terrenos de conflicto, de asedio y de alianzas micro políticas que cotidianamente afloran en todos los grupos humanos. La escuela no escapa a esta dinámica, así como el uso de la violencia de forma “legítima” por el propio Estado.  La falta de políticas públicas efectivas y la corrupción han exacerbado esta situación, dejando a los sectores más vulnerables, como los niños, adolescentes y jóvenes, en un estado de indefensión.

La DW, en un reporte de Carla Maldonado, relataba hace pocos días que al menos 26 profesores de una escuela rural habían sido amenazados y extorsionados.  En sus cercanías se encontraron cuerpos desmembrados, cabezas humanas, y 3 muertes se produjeron frente a sus instalaciones, Por su parte la UNE, dijo que han recibido 300 denuncias de docentes amenazas por secuestro y extorsión.  Mientras que el Ministerio de Educación explicó a la DW que ha recibido 448 (2024) denuncias de robo, extorsión y secuestro de docentes. Medios reportaron que en Nueva Prosperina y Guasmo Sur los delincuentes vacunan a docentes con 200 a 300 usd mensuales y en Flor del Bastión por el secuestro de un docente piden de 8000 a 10000 usd. 

La política de seguridad es esencialmente punitiva, de contención del crimen organizado. Aún no se repara en el valor de programas integrales que fortalezcan el sistema educativo y proporcionen apoyo a las familias en riesgo, ante la penetración, el reclutamiento de adolescentes y niños, cooptación o intimidación de algunos sectores sociales claves para la actividad criminal. Poco se reconoce sobre las consecuencias de la criminalidad violenta y la escuela.  El miedo impide la denuncia.  En zonas particulares del país la escuela, es un punto de confluencia o como lo llaman otros autores “un nodo en un sistema pedagógico, familiar/local, criminal.  Las bandas llevan armas blancas y de fuego a las escuelas. La escuela es un espacio público asediado por las bandas y pandillas, la banalización de la violencia, la impunidad, el micro tráfico y la inseguridad.

Luis Fernando Onetto, dice claramente el Estado no tiene poder ilimitado para disminuir la violencia en las escuelas. Pero también ante la asimetría y la permeabilidad de la violencia, el mismo autor subraya que la violencia escolar es un desafío a la legitimidad del Estado: 1) por la frustración de las expectativas; 2) porque la presencia de la violencia en la cotidianidad significa des potenciación del Estado; 3) la violencia es un obstáculo para conseguir cualquier versión de vida buena porque suprime el Estado de derecho.

Luego de reconocer la violencia contra los docentes, los ministerios de Educación e Interior, de Ecuador, en mayo 2024, suscribieron un acuerdo denominado ‘Comunidades educativas seguras y protectoras’, el cual contempla que 3.200 policías brinden seguridad a los niños, adolescentes, docentes y padres de familia en centros educativos y sus alrededores. Revisar los resultados y diseminarlos es esencial. Entre sus obligaciones se resaltan “Realizar un informe consolidado de seguimiento a la implementación del Programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras “PCESP”, cada tres meses, el cual, será presentado a las máximas autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior para la respectiva aprobación”.