La Corte Constitucional activó la fase de seguimiento a la sentencia que declaró la nulidad de la designación de Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos, luego de que una mayoría del Cpccs vinculada al correísmo intentara restituirlo en el cargo.

En un comunicado, la Corte enfatizó que un pedido de aclaración sobre el párrafo 61 de la sentencia fue rechazado, asegurando que dicho párrafo es claro y que “no afecta los nuevos procesos de selección” realizados antes de la sentencia, emitida el 5 de diciembre de 2025.

Esto implica que la designación de Roberto Romero, realizada el 4 de diciembre, un día antes de la sentencia, no puede ser alterada.

Pese a esto, el 22 de enero, los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz (Liga Azul) votaron para anular la designación de Romero y reinstalar a González Carrión, moviendo la titularidad de Romero al 2027.

Romero calificó este acto como una violación a la sentencia de la Corte y presentó una denuncia ante la Fiscalía. En respuesta, este 24 de enero, el Ministerio Público allanó las oficinas de los cuatro consejeros que promovieron la decisión.

Romero, junto con Santiago Becdach, candidato al Parlamento Andino por el movimiento Construye, solicitó la destitución de los cuatro consejeros por incumplir con el dictamen de la Corte Constitucional.

Este caso subraya las tensiones entre instituciones, ya que Construye también pidió a la Corte medidas que frenen el accionar de la Liga Azul en el Cpccs, considerando que la resolución del 22 de enero busca deslegitimar procesos previamente validados.

La Corte Constitucional seguirá evaluando las acciones del Cpccs, mientras la Fiscalía avanza en la investigación de posibles irregularidades.