En su regreso a la presidencia, Donald Trump emitió una orden ejecutiva que obliga a las prisiones federales y centros de detención de inmigración a alojar a las mujeres transgénero en instalaciones para hombres. Además, prohíbe tratamientos médicos relacionados con la transición de género, como terapias hormonales y cirugías.

La orden, titulada “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal”, busca limitar el reconocimiento gubernamental del género al sexo asignado al nacer. Según Trump, estas medidas protegen a las mujeres de “ideologías radicales”.

Organizaciones de derechos LGBTQ han condenado la medida. Shannon Minter, del National Center for Lesbian Rights, advirtió que esto incrementará los casos de abuso y agresión sexual hacia personas trans en prisión, además de afectar su salud física y mental al retirar tratamientos necesarios.

Richard Saenz, abogado de Lambda Legal, destacó que las protecciones constitucionales obligan a los sistemas penitenciarios a cuidar a los reclusos más vulnerables. Actualmente, las personas transgénero encarceladas tienen 10 veces más probabilidades de ser víctimas de abuso sexual.

Con esta política, la administración Trump revive restricciones similares de su primer mandato, pero extiende significativamente su alcance, incluyendo modificaciones al Prison Rape Elimination Act. Defensores de los derechos LGBTQ anticipan desafíos legales, argumentando que estas medidas podrían violar principios constitucionales y derechos humanos básicos.