El constitucionalista André Benavides Mejía calificó como “actuaciones inconstitucionales” las decisiones del Ejecutivo. Según el jurista, el decreto 500, que encargó la presidencia a Cynthia Gellibert, violó el artículo 146 de la Constitución, que regula las ausencias temporales y definitivas del presidente y establece claramente el orden de sucesión presidencial.

Benavides explicó que ninguna de las causales legales para justificar una ausencia temporal –como enfermedad, licencia aprobada por la Asamblea Nacional o fuerza mayor– se aplica en este caso. Argumentar que la campaña electoral constituye una causa de fuerza mayor, según él, “raya en el absurdo jurídico”.

A pesar de la derogación del decreto 500, Benavides advirtió que la Corte Constitucional aún puede ejercer control sobre actos administrativos que, aunque derogados, siguen generando efectos jurídicos, como el uso de bienes del Estado o la equiparación del sueldo de Gellibert como presidenta encargada.

El experto también criticó la “mutación de argumentos” del gobierno para justificar la falta de licencia presidencial para hacer campaña electoral, lo que calificó como “maromas y piruetas jurídicas”. Según Benavides, desde el inicio, el Ejecutivo pudo haber adoptado medidas constitucionales como solicitar licencia, presentar reformas legales o demandas de inconstitucionalidad para resolver el supuesto vacío normativo.

La situación actual refleja, según el jurista, un “golpe a la institucionalidad” al intentar evitar la obligatoriedad de la licencia para campaña electoral mediante decretos que, en sus palabras, buscan “pescar a río revuelto”.