El expresidente peruano Pedro Castillo seguirá en prisión preventiva tras el rechazo de la Corte Suprema a su apelación presentada el 23 de enero de 2025. Castillo enfrenta un proceso judicial por su fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022 y está acusado de delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

La Sala Penal Permanente, liderada por César San Martín, argumentó que persiste un alto riesgo de fuga y destacó que la gravedad de los cargos y la elevada pena solicitada —34 años de cárcel e inhabilitación por tres años y medio para ejercer funciones públicas— justifican la medida. Según la resolución, no existen nuevos elementos que cambien la situación jurídica del exmandatario.

La Corte recordó que, tras su anuncio golpista el 7 de diciembre de 2022, Castillo intentó llegar a la Embajada de México en Lima para solicitar asilo. El entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Castillo le solicitó apoyo, instruyendo a su embajador en Perú para facilitar su ingreso a la sede diplomática. Sin embargo, el intento fue frustrado y Castillo fue detenido.

Actualmente, su esposa y dos hijos menores residen en México, donde fueron asilados tras los hechos ocurridos en 2022.

El proceso judicial contra Castillo refleja la grave crisis política y social que atraviesa Perú. La Fiscalía lo acusa de agraviar al Estado y la sociedad al intentar disolver el Congreso, anunciar un gobierno de emergencia y perturbar la tranquilidad pública.