El Pleno de la Asamblea, este jueves 23 de enero, recibió al Presidente de la Función de Transparencia y Control Social; Presidente del Consejo de la Judicatura; Defensor Público; Fiscal General; Contralor General; Procurador General del Estado; Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral; y, a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, quienes presentaron sus respectivos informes anuales de labores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Luis Alberto Cabezas, presidente de la Función de Transparencia y Control Social, quien asumió el cargo hace pocos días, indicó que el anterior titular, Mauricio Torres, presentará el informe 2024. Por ello, Torres explicó que su trabajo se enfocó en el fortalecimiento de la participación de la ciudadanía, a fin de garantizar una gestión transparente y participativa. Destacó como sus principales logros, el establecimiento del Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha Contra la Corrupción 2024-2028 y la formulación del proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción.

Entre tanto, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), ratificó que el objetivo de este organismo es acercar la justicia a cada rincón del país. Recordó que asumió su cargo en julio del año anterior. Explicó que la ejecución presupuestaria del CJ supera el 93 %, lo cual demuestra un trabajo eficiente al servicio de la justicia. Aseguró que, la implementación de la norma ISO antisoborno ha permitido elevar los estándares de transparencia en la gestión y en credibilidad de la ciudadanía.

Ricardo Morales, defensor Público, aseguró que ha priorizado el fortalecimiento institucional, tras cinco años de una administración encargada. Reiteró que su compromiso es con los ciudadanos, con los más necesitados, para garantizar el acceso a la justicia para todos, al indicar que han llegado a los lugares más apartados del país, con tres unidades móviles y con proyección a otras tres, para acercar sus servicios a los ciudadanos a fin de que conozcan sus derechos. Aclaró que los servicios defensoriales evitaron que los ciudadanos más pobres gasten alrededor de 254 millones de dólares.

Por su parte, Diana Salazar, fiscal general del Estado, enfatizó que desde el 2019 a 2024 hubo un incremento del 10 % de agentes fiscales y se espera que el CJ dé paso a la designación de nuevos agentes para atender la creciente demanda de la ciudadanía. Explicó que la ejecución presupuestaria supera el 99 %. Sobre los casos de fuero de corte, indicó que se han obtenido 51 sentencias condenatorias, debidamente ratificadas, se convocaron 600 audiencias, con un total de 466 personas procesadas, actuaciones que se desarrollaron con el apoyo del fiscal subrogante.

Mientras, el contralor general del Estado, Mauricio Torres, aseveró que la entidad ejerce el control sobre un total de 3 397 entidades públicas y privadas que administran fondos públicos en el país. Detalló que se efectuaron 1 262 acciones de control, que incluyen auditorías de gestión en obras públicas y financieras, así como exámenes a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, auditorías sobre paraísos fiscales y una exhaustiva revisión de los procesos de contratación de bienes, obras y servicios. Así mismo, se evaluaron aspectos administrativos fundamentales, como la dotación de infraestructura y la gestión del talento humano.

El procurador del Estado, Juan Carlos Larrea, destacó que gracias a una gestión eficiente en los ámbitos de asesoría y patrocinio para las entidades públicas sin personería jurídica se evitó el pago de al menos 25 millones de dólares. Indicó que el 69 % de las causas obtuvo sentencias favorables a los intereses del Estado. Subrayó que su labor es integral y abarca áreas fundamentales como el patrocinio del Estado, el asesoramiento legal, la absolución de consultas, y el control de los actos y contratos suscritos por los organismos y entidades del sector público.

Posteriormente, Ivonne Coloma, presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, informó que en el período comprendido entre enero y noviembre de 2024, la institución recibió 268 recursos, acciones y denuncias, de las cuales 61 están relacionadas con las Elecciones Generales 2025. “Del total de causas analizadas, 155 fueron por infracciones electorales y 25 por violencia política de género”, dijo. Además, afirmó que 243 causas tramitadas en este período han sido resueltas, es decir, con un 90 % de efectividad en la gestión de la institución.

Por último, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, detalló la ejecución del Referéndum y Consulta Popular del 21 de abril de 2024 y el cumplimiento de los 18 hitos del calendario electoral. “El presupuesto asignado para este proceso fue de aproximadamente 36 millones, de los cuales se ejecutó el 93 %”, aseguró. Sobre las Elecciones Generales 2025, informó que el CNE habilitó 291 zonas electorales nacionales y 10 en el exterior, más de 4 mil recintos electorales y designó, de forma aleatoria, a 287 534 miembros de juntas receptoras del voto. Para este proceso, aproximadamente 13 millones 700 mil electores están habilitados para votar el próximo 9 de febrero del 2025, por 4 463 candidatos y candidatas, pertenecientes a 79 organizaciones políticas, a nivel nacional, concluyó.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la LOFL, una vez recibidos los informes de labores, en los próximos días, el Pleno designará una o varias comisión especializadas para que analicen los informes presentados.