El Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, confirmó que un testigo protegido acusó al número dos del chavismo, Diosdado Cabello de haber ordenado y pagado para que se cometiera el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda en territorio chileno.

Según destacó en un medio local, Valencia reveló que un testigo protegido dentro de la investigación “atribuiría el encargo y el pago del crimen al señor Diosdado Cabello”.

El fiscal fue enfático al mencionar que la investigación sigue en curso y mantiene en reserva diversos antecedentes. “Todavía la investigación es reservada”, aseguró el fiscal en sus declaraciones, señalando que dicha información había sido compartida recientemente con los abogados defensores y será discutida oficialmente en una audiencia este lunes. “Es necesario esclarecer estos antecedentes con la investigación”, puntualizó Valencia, subrayando lo delicado del caso.

Testimonios e involucrados

Con base en la información divulgada por las autoridades, Valencia confirmó que son tres las personas que han entregado declaraciones señalando a figuras del régimen venezolano como responsables del asesinato del teniente. Uno de esos testimonios pertenece a un testigo cuya identidad está protegida por las leyes chilenas. Según este individuo, Diosdado Cabello habría sido quien ordenó y financió el asesinato, implicando directamente a esta figura en el acto criminal.

“Tenemos que ver más allá de los antecedentes para evaluar las circunstancias completas”, comentó Valencia en referencia al análisis legal que requiere el presunto involucramiento de altos funcionarios internacionales.

El fiscal reiteró la firme posición de Chile respecto al cumplimiento de su legislación, aclarando que no se descartaría procesar penalmente a cualquier figura extranjera, sin importar su rango o procedencia.

“En Chile la ley se cumple, y si alguien no la cumple, la vamos a hacer cumplir… tenga el cargo que tenga en un gobierno extranjero como el de Venezuela”, declaró el fiscal, en una clara postura de no ceder ante presiones de orden político.

El caso plantea el reto de procesar en Chile a altos funcionarios extranjeros, lo que obligaría a un análisis de las normativas internacionales y las correspondientes jurisdicciones. Cuando se le preguntó al fiscal si esto era posible, respondió que, aunque las circunstancias como vivir en otro país o ostentar un cargo político de alto nivel en el exterior no descartan responsabilidades legales en Chile, existen otros factores que condicionan el desarrollo del caso. Por ello, destacó: “No es una situación que quede excluida de nuestro derecho”, subrayando la disposición del sistema judicial chileno para actuar ante crímenes cometidos en su territorio.

“Esté donde esté esa persona, vamos a perseguir su responsabilidad”, insistió, remarcando que la justicia chilena actuará en función de los resultados de la investigación, sin temer posibles repercusiones diplomáticas. (Infobae)