En una entrevista para Notimundo con Hernán Higuera, la presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, Mónica Jaramillo, expresó su profunda indignación por la situación actual en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La exfuncionaria indicó que las acciones de la autodenominada Liga Azul han violado la normativa electoral, destacando la participación de sus miembros en campañas proselitistas antes de las elecciones, lo que según ella, les ha permitido ocupar el consejo de manera ilegítima.

Jaramillo aseguró que la situación en el CPCCS es parte de un plan más amplio para tomar control de diversas instituciones clave, como la Fiscalía General del Estado y el sistema financiero ecuatoriano, específicamente la Superintendencia de Bancos. Afirmó que las dilaciones en el proceso judicial y las maniobras presentadas por los consejeros denunciados, Augusto Verduga y Yadir Saltos, han obstruido el avance de las investigaciones y dificultado la conformación definitiva del tribunal contencioso electoral.

“Estas acciones claramente constituyen una interferencia ilegítima en la libertad de actuación de los jueces y fiscales”, sostuvo Jaramillo, quien también subrayó que las dilaciones han permitido que los miembros de la Liga Azul sigan ocupando puestos en el CPCCS. La denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, que busca que se investiguen los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, ha sido impulsada por el Observatorio de Control Ciudadano debido a las acciones de los consejeros vinculados al correísmo.

En cuanto a los miembros de la Liga Azul, Jaramillo destacó su vinculación con el expresidente Rafael Correa, afirmando que no representan a la ciudadanía sino que responden a intereses políticos. “Son parte de una agenda política, no ciudadana. Buscan crear impunidad, controlar las instituciones y nombrar a personas afines a sus intereses”, indicó.

La exfuncionaria también criticó las recientes acciones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que según ella, ha sido lento en actuar debido a las tácticas legales de los denunciados, lo que ha permitido que continúen en sus cargos. “El Tribunal está siendo paralizado por las maniobras legales de los denunciados, que buscan mantenerse en el poder”, añadió.

Finalmente, Jaramillo resaltó que la situación que enfrenta el país en términos de control de las instituciones públicas no es algo nuevo, sino una estrategia ya conocida que busca garantizar la impunidad y el control sobre los procesos judiciales y electorales. “No podemos permitir que sigan interfiriendo con la justicia y controlen las instituciones”, concluyó la presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, reiterando su llamado a la acción para frenar lo que considera un “abuso de poder”.