Las organizaciones políticas que participan en las elecciones de 2025 están obligadas a rendir cuentas sobre su financiamiento, tal como lo establece la normativa vigente. Esto implica la presentación de informes quincenales de ingresos y gastos, así como la proyección de los recursos necesarios para la promoción electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) administra el financiamiento estatal para propaganda en medios tradicionales y digitales, asignando directamente los recursos a las empresas de comunicación para garantizar equidad en la difusión de los spots de los candidatos. Además, los partidos y movimientos pueden recibir aportes de afiliados y personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes en el país, siempre que cumplan con las restricciones legales, como la prohibición de aportes de contratistas estatales o servidores públicos.

Disparidad en los presupuestos y cumplimiento irregular

Los límites de gasto para la campaña presidencial se establecieron en USD 5 494 525,60, pero los presupuestos varían significativamente entre los partidos:

• Sociedad Patriótica, con Andrea González como candidata, lidera en proyección de gastos con un presupuesto superior a USD 3 millones, aunque no ha reportado ingresos ni gastos hasta el 15 de enero.
• Revolución Ciudadana, con Luisa González y Diego Borja, tiene un presupuesto cercano a USD 1 millón, destinado principalmente a artículos promocionales y servicios profesionales.
• Unidad Popular, liderada por Jorge Escala y Pacha Terán, prevé gastar apenas USD 13 mil, mientras que el Partido Socialista Ecuatoriano, con Pedro Granja, proyecta un presupuesto de solo USD 12 575.

Algunas organizaciones, como Centro Democrático, han presentado informes parciales, pero con cifras mínimas registradas, mientras que movimientos como ADN, Izquierda Democrática y Suma no han cumplido con la entrega de presupuestos ni reportes de ingresos y gastos.

Uso de recursos y supervisión del CNE

Aunque los partidos deben reportar de manera transparente sus gastos, muchos han incumplido con las entregas en tiempo y forma. Por ejemplo, el candidato de Pueblo, Igualdad y Democracia, Víctor Araus, reportó apenas USD 615,27 en ingresos hasta el 3 de enero, mientras que los gastos de su campaña incluyen solo USD 508,10 por servicios profesionales.

Otros movimientos como Construye, liderado por Juan Iván Cueva, proyectan USD 200 mil de presupuesto, pero hasta principios de enero habían recibido únicamente USD 2,51.

La falta de reportes actualizados y la diversidad en los montos presupuestados reflejan una realidad dispar entre las diferentes fuerzas políticas, evidenciando la necesidad de mayor control y fiscalización por parte del CNE.

Con la campaña avanzando, las expectativas crecen respecto a si las organizaciones políticas cumplirán con la normativa y cómo manejarán sus recursos para asegurar una competencia electoral transparente y equitativa.