A más de un mes de la desaparición y el asesinato de los niños de Las Malvinas en Guayaquil, el caso sigue generando repercusiones internacionales. Este 22 de enero de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la OEA, emitió un comunicado público condenando los hechos.
La CIDH expresó su repudio ante la “desaparición, asesinato e incineración de los cuerpos de Steven Medina, de 11 años, y los adolescentes Josué Arroyo, 14, Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15 años”. Además, hizo un llamado al Estado ecuatoriano para que “investigue, juzgue y sancione a los responsables, garantizando justicia para las familias y aclarando cualquier posible implicación de personal militar en el caso”.
Fuerzas Armadas bajo escrutinio
El caso ha puesto en la mira el rol de las Fuerzas Armadas, ya que los niños habrían sido detenidos por militares cerca del Mall del Sur en Guayaquil antes de su desaparición. Los militares involucrados aseguran que dejaron a los menores con vida, rechazando cualquier responsabilidad en su muerte.
La CIDH también criticó las declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlos Loffredo, quien amenazó con sanciones a la jueza que concedió un hábeas corpus a las familias de las víctimas para activar la búsqueda de los menores. Según la CIDH, estas declaraciones “ponen en riesgo la independencia judicial y dificultan la labor de defensa de los derechos humanos en un contexto de exigencia social por justicia y no repetición”.
Detalles del crimen y contexto social
Los niños desaparecieron el 8 de diciembre de 2024, tras asistir a un partido de fútbol. Horas después, Ismael Arroyo logró comunicarse con su padre, informándole que habían sido acusados de robo y detenidos por militares. El 24 de diciembre, la Policía Nacional encontró sus cuerpos incinerados y con signos de tortura en un manglar cercano a una base militar en Taura.
En 2024, Ecuador registró la muerte violenta de 70 niños y adolescentes, un dato que subraya la grave situación de inseguridad en el país.
CIDH pide redoblar esfuerzos
Aunque reconoció los esfuerzos iniciales del Estado ecuatoriano para localizar a los menores y colaborar con la justicia, la CIDH instó al gobierno a intensificar sus acciones para garantizar justicia y evitar que estos hechos se repitan.
El caso ha generado protestas y plantones en varias ciudades, incluyendo un masivo rechazo frente a la Fiscalía General en Quito. Organizaciones sociales criticaron las disculpas públicas ofrecidas por el ministro Loffredo, señalándolas como insuficientes ante la magnitud del crimen.
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