El secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, solicitó a la Corte Constitucional la convocatoria de una audiencia pública antes de que se emita un fallo sobre el decreto 500. La petición busca que el presidente Daniel Noboa pueda exponer sus argumentos en respuesta a una acción de inconstitucionalidad presentada en su contra.

El decreto en cuestión se refiere a la primera ausencia temporal de Noboa, quien dejó el cargo por “fuerza mayor” para realizar actividades de campaña electoral, delegando la presidencia a Cynthia Gellibert.

El abogado Gabriel Pereira interpuso una acción pública de inconstitucionalidad contra este decreto, argumentando que no cumple con los requisitos establecidos por la Constitución.

En su respuesta inicial a la Corte Constitucional, Noboa defendió su decisión, argumentando que su participación en la campaña electoral constituye un caso de fuerza mayor. Citó el artículo 30 del Código Civil, que establece que “los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público podrían causar una fuerza mayor”, y recordó una sentencia de la misma Corte que define este término como un evento imprevisible que imposibilita al Presidente ejercer sus funciones.

El mandatario también señaló que la normativa vigente es ambigua respecto a la obligación de tomar licencia para realizar actividades proselitistas y afirmó que su intención es compatibilizar el ejercicio de su mandato con sus compromisos políticos. Por ello, pidió a la Corte que desestime la demanda, considerando que el decreto 500 ya ha sido derogado.

La jueza Karla Andrade, encargada del caso, analiza esta causa como prioritaria debido a la relevancia política que representa.