Un informe preliminar del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), presentado a un año de la militarización de las prisiones en Ecuador, revela una alarmante crisis humanitaria en el sistema penitenciario. Basado en datos recopilados durante el 2024, el documento destaca violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (PPL), así como condiciones deplorables en los centros carcelarios.

El informe señala que enfermedades como la tuberculosis afectan gravemente a los internos. Solo en el pabellón 7 de la Penitenciaría del Litoral, 308 reclusos han sido diagnosticados con esta enfermedad, en un espacio diseñado para albergar 400 personas que opera bajo condiciones de hacinamiento y falta de atención médica. La alimentación deficiente y la irregularidad en el suministro de medicamentos agravan la situación, poniendo en riesgo la vida de los afectados.

El CDH también denuncia que no existe un protocolo claro para la atención médica, dejando a muchos internos desprotegidos. Los retrasos en las derivaciones a hospitales y la falta de medicamentos esenciales son problemas recurrentes, mientras que los procedimientos para acceder a tratamiento dependen de un sistema burocrático ineficiente.

Hacinamiento e insalubridad
El hacinamiento, documentado como uno de los problemas más graves, afecta tanto la dignidad como la salud mental de los internos. El acceso al agua potable es limitado o inexistente, y la desnutrición y la falta de higiene son evidentes en muchos reclusos. Estas condiciones facilitan la propagación de enfermedades y empeoran el bienestar general de las personas detenidas.

La alimentación, provista por una empresa privada, también enfrenta serios problemas. Según el informe, los alimentos llegan en mal estado en muchas ocasiones y, aunque algunos son desechados, la mayoría son consumidos por los internos ante la falta de alternativas.

Militarización: más problemas que soluciones
La militarización de las cárceles, implementada bajo el estado de excepción en 2024, no ha logrado resolver los problemas estructurales del sistema penitenciario, según el CDH. Aunque el objetivo inicial era restablecer el orden, la presencia militar ha derivado en denuncias de abusos como golpizas, torturas y violencia sexual.

El ingreso de objetos ilícitos, como drogas y armas, también persiste a pesar del control militar, y las acciones de las Fuerzas Armadas carecen de transparencia, con documentos operativos clasificados como “reservados” que dificultan las investigaciones judiciales.

Recomendaciones urgentes
El CDH propone una serie de medidas para enfrentar esta crisis. Entre ellas, destaca la necesidad de un plan de emergencia penitenciario enfocado en mejorar la atención médica, garantizar una alimentación adecuada y dignificar las condiciones de habitabilidad. También se recomienda restringir la intervención militar y priorizar la supervisión civil en la gestión penitenciaria.

El informe subraya la importancia de reactivar programas de rehabilitación y educación, fundamentales para la reinserción social de los internos. Además, exige mayor transparencia y rendición de cuentas en las acciones de las Fuerzas Armadas.

Para el CDH, abordar la crisis penitenciaria en Ecuador requiere un enfoque integral que garantice los derechos humanos, con recursos adecuados y una planificación estratégica que priorice la dignidad y el bienestar de las personas privadas de libertad.