La Contraloría General del Estado ha aprobado 74 informes que contienen indicios de responsabilidad penal, derivados del análisis de declaraciones patrimoniales de servidores públicos de diversas instituciones. Estas incluyen la Función Judicial, Fuerzas Armadas, gobiernos autónomos descentralizados, órganos del gobierno central y hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
En su comunicado oficial, la Contraloría también detalló que se han aprobado 113 informes generales que no evidenciaron actos ilícitos. Además, se encuentran en marcha 67 nuevos exámenes relacionados con declaraciones patrimoniales.
Auditorías y ampliación de controles en 2025
De cara a 2025, la Dirección Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social (DNA7) planea ejecutar 118 auditorías adicionales. Estas estarán enfocadas en verificar la legalidad y exactitud de los movimientos patrimoniales declarados por servidores públicos.
Esta área supervisa instituciones clave como el IESS y sus hospitales, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL).
Acuerdo entre Contraloría y el CNE para las elecciones 2025
En el ámbito electoral, la Contraloría firmó el 9 de enero un convenio de cooperación con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para supervisar el uso de bienes y recursos públicos durante las elecciones generales de 2025.
Mauricio Torres, Contralor General del Estado, aseguró que se investigarán denuncias sobre el uso indebido de recursos públicos con fines proselitistas. De confirmarse estas prácticas, se establecerán las sanciones correspondientes.
Por su parte, Diana Atamaint, presidenta del CNE, destacó la importancia de esta colaboración para garantizar un control efectivo de los bienes públicos en el marco electoral.
Este convenio se suma a las iniciativas para reforzar la transparencia en las elecciones, cuyo fondo de promoción electoral ha sido fijado en USD 13 979 762.
En contexto:
La Contraloría continúa sus esfuerzos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público, ampliando controles y colaboraciones estratégicas en áreas clave como las auditorías patrimoniales y los procesos electorales.
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