La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, presentó el 17 de enero de 2025 una acción pública de inconstitucionalidad con medidas cautelares ante la Corte Constitucional (CC). Su objetivo es suspender el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 505, emitido por el presidente Daniel Noboa, en el que encargó la Presidencia a Cynthia Gellibert durante su ausencia temporal.

El decreto, firmado el 16 de enero, establece que Gellibert asumirá la Presidencia desde las 18:00 de ese día hasta las 22:00 del domingo 19 de enero de 2025, debido a la participación de Noboa en el debate presidencial.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Abad calificó el decreto como una medida que “afecta significativamente el orden constitucional y la estabilidad democrática del país”. En su declaración, exhortó a la ciudadanía y a la comunidad jurídica a vigilar el accionar de los jueces, exigiendo que actúen con responsabilidad como guardianes de la Constitución.

El caso fue asignado a la jueza constitucional Hilda Teresa Nuques Martínez. En su demanda, Abad anexó documentos como el decreto impugnado, su nombramiento oficial como vicepresidenta, y su cédula de identidad.

Contexto del decreto presidencial

El presidente Noboa justificó su decisión basándose en el Código de la Democracia, que establece sanciones para quienes no participen en el debate presidencial, como la suspensión de derechos políticos. Según el decreto, Noboa diferenció los momentos en los que actúa como jefe de Estado de los periodos en los que, por actividades proselitistas, se ausenta temporalmente del cargo.

La postura de la defensa de Abad

El equipo legal de la vicepresidenta considera que la decisión de Noboa constituye una “fraudulenta ausencia temporal”, argumentando que el encargo a Gellibert desconoce a Abad como la única vicepresidenta constitucional del periodo 2023-2025. Según la demanda, este acto representa “una grave ruptura del orden constitucional” y busca anular el ejercicio pleno de las funciones de Abad.

La defensa exige la inconstitucionalidad del artículo 1 del decreto, así como medidas de tutela y reparación en favor de Abad. Alegan que esta acción vulnera los derechos políticos de la vicepresidenta y califican el decreto como una transgresión deliberada a la Constitución.

Solicitudes ante la Corte Constitucional

En su acción, Abad pide a la Corte que priorice el caso y que emita un pronunciamiento urgente sobre las medidas cautelares. Además, solicita garantías para que hechos similares no se repitan en el futuro, así como una compensación por el impacto político que esta decisión ha tenido en el ejercicio de sus funciones.

El debate ahora se traslada a la Corte Constitucional, donde la resolución del caso podría tener implicaciones significativas tanto en el panorama político como en la relación entre el presidente y la vicepresidenta.