El informe anual de Human Rights Watch (HRW) ha señalado que los estados de excepción decretados por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para combatir el crimen organizado, han ocasionado “serias violaciones de los derechos humanos” por parte de las fuerzas de seguridad. Estas medidas, que incluyeron el despliegue de militares en las calles y en las cárceles, fueron cuestionadas por su falta de justificación adecuada.

El estudio destaca que el Gobierno ecuatoriano, al declarar un “conflicto armado interno” en el país, no presentó información suficiente que respalde la existencia de un conflicto armado no internacional, tal como lo expresó el Tribunal Constitucional de Ecuador.

Según la presidenta de HRW para las Américas, Juanita Goebertus, los informes de la Fiscalía ecuatoriana documentan más de 200 denuncias por abusos de poder, 80 casos de tortura, al menos 8 desapariciones forzadas y 15 ejecuciones extrajudiciales. Además, el informe resalta que los militares han mantenido a numerosos detenidos incomunicados por períodos prolongados, dificultando el acceso a abogados y atención médica.

HRW también menciona que se han reportado actos de violencia como palizas, uso excesivo de gases lacrimógenos, descargas eléctricas, violencia sexual y homicidios por parte de las fuerzas de seguridad. Estos hechos han despertado la alarma en jueces y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Comité contra la Tortura de la ONU, que ha expresado su preocupación por las condiciones inhumanas en las cárceles, incluyendo la escasez de alimentos.

En febrero, un magistrado ecuatoriano dictaminó que el accionar de los militares ponía en peligro la vida de los detenidos y que las autoridades penitenciarias no cumplían con sus responsabilidades. Como resultado, ordenó atención médica urgente y una investigación sobre las denuncias de tortura.