La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó una apelación contra la sentencia emitida por la jueza Nubia Vera, quien en diciembre de 2024 aceptó una acción de protección a favor de la vicepresidenta Verónica Abad. La resolución levantó la sanción de 150 días sin sueldo impuesta a Abad y ordenó varias medidas de reparación que Núñez considera desproporcionadas.

El recurso de apelación, ingresado el 13 de enero de 2025 por Alexis García, coordinador de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo, busca anular la sentencia notificada oficialmente el 10 de enero. Según el documento, se vulneró el artículo 76.7 de la Constitución, que garantiza el derecho a la defensa, incluyendo ser juzgado por un juez independiente e imparcial.

Argumentos de la apelación
En el escrito, la ministra Núñez sostiene que:

• La jueza Nubia Vera permitió suspensiones solicitadas por la defensa de Abad que habrían sido provocadas por su propia negligencia, favoreciendo a la vicepresidenta.
• La sentencia desconoce que ya existía una resolución previa que confirmaba la competencia del Ministerio de Trabajo para sancionar a Abad, configurándose así un caso de cosa juzgada constitucional.
• No se demostró una vulneración directa a los derechos fundamentales de Abad que justifique la acción de protección.

Además, Núñez argumenta que la sanción de suspensión sin sueldo no afecta los derechos políticos de Abad, como elegir o ser elegida, desestimando una supuesta vulneración de derechos.

Cuestionamientos a las medidas de reparación
La ministra también objeta las medidas de reparación ordenadas por la jueza, considerándolas excesivas y carentes de sustento constitucional. Entre estas medidas se incluyen:

• Disculpas públicas en cadena nacional, que no guardan relación con los derechos vulnerados.
• Colocación de una placa conmemorativa, considerada innecesaria y desproporcionada.
• El pago de remuneraciones, que según Núñez, debería resolverse en la vía contencioso-administrativa.

El recurso también señala que la sentencia escrita contiene disposiciones que no fueron mencionadas en la resolución oral, lo que vulnera principios de transparencia y seguridad jurídica.

La apelación busca que se revoquen las disposiciones cuestionadas y se restablezca el criterio del Ministerio de Trabajo en este caso. El proceso ahora queda en manos de las instancias judiciales superiores.