En respuesta a una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Constitucional (CC), la administración del presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, defendió la emisión del Decreto Ejecutivo 500. Este decreto, emitido el 7 de enero de 2025, permitió que Noboa delegara temporalmente la Presidencia a su secretaria de la Administración, Cynthia Gellibert, para realizar actividades de campaña electoral entre el 9 y el 12 de enero, en el marco de los comicios generales programados para el 9 de febrero de 2025.

El gobierno argumenta que la decisión se debió a una “situación compleja” derivada de la confusión entre sus funciones como jefe de Estado y su rol como candidato. Según el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, esta confusión se agravó tras una concentración espontánea de simpatizantes el 5 de enero frente al Palacio de Carondelet, evento que, aseguran, no fue organizado por el Ejecutivo ni tuvo fines proselitistas.

El trasfondo del caso

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el abogado Gabriel Pereira, quien cuestiona la legalidad del decreto, señalando que Noboa debió acogerse a la licencia sin sueldo establecida en el Código de la Democracia para realizar campaña. La Corte Constitucional admitió a trámite la demanda y dispuso un tratamiento prioritario debido a la posible vulneración de derechos constitucionales.

En su defensa, el gobierno sostiene que el presidente optó por la figura de “ausencia temporal por fuerza mayor” contemplada en la Constitución. Según Andino, la “fuerza mayor” se justifica en la necesidad de diferenciar claramente las actividades de campaña de las funciones presidenciales, evitando el uso de recursos públicos y posibles infracciones electorales.

Confusión entre roles

El gobierno detalla que el 5 de enero, durante el primer día de campaña, Noboa se encontraba en el Palacio de Carondelet cuando un grupo de ciudadanos y ministros acudieron a expresarle su apoyo. Noboa salió al balcón del palacio para saludar y pronunciarse en defensa de la democracia, pero niega que esto constituyera un acto proselitista. No obstante, este hecho desató denuncias ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Según la administración, el presidente no estaba obligado a tomar licencia para realizar actividades de campaña debido a la ambigüedad del Código de la Democracia. Además, sostienen que la ley no establece cómo diferenciar claramente entre los actos de un presidente y los de un candidato, lo que complicó su situación.

La defensa del decreto

El gobierno argumenta que la decisión de declarar la ausencia temporal permitió a Noboa participar en la campaña sin comprometer recursos públicos. Durante esos días, el mandatario recorrió varias provincias del país en caravanas políticas. El 12 de enero derogó el decreto y retomó sus funciones, enfocándose en actividades propias del Ejecutivo, como la entrega de equipamiento a la fuerza pública.

El secretario jurídico concluyó que la “fuerza mayor” en este caso está justificada y solicitó que la acción de inconstitucionalidad sea rechazada por la Corte. La decisión de la CC podría sentar un precedente clave sobre la relación entre las responsabilidades presidenciales y los derechos de los candidatos a la reelección.