El repetitivo esquema de debate presidencial que ha aplicado últimamente el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha colapsado. La experiencia nos dice que casi todo lo que han ofrecido los tres últimos mandatarios electos ha sido difícil de cumplir.

Así, los debates se han convertido en cómodos escaparates donde los candidatos ofrecen cualquier cosa, sin medida, para impresionar a los votantes ignorando la realidad económica y jurídica del estado.

En ese ecosistema caduco, el moderador de turno estimula la subasta de imposibles, la audiencia se emociona, vota y, a los pocos meses, el candidato ya en el poder incumple todo lo que prometió y “acá no ha pasado nada”.

La impunidad del engaño, de esta forma, se ha consolidado una vez más y esa es la historia de gran parte de la política nacional los últimos años.

Por estas razones, nunca más, debates donde “los qué” prevalecen y nadie obliga al candidato a decir con detalle los ¿cómo?, ¿con qué dinero?, ¿desde cuándo?, ¿por dónde comenzará? o ¿cómo garantiza la ejecución de lo que promete?

Si bien el tiempo de exposición en un debate es escaso para cada candidato, definitivamente, es mejor detenerse un poco y obligar al postulante a demostrar que lo que ofrece no es demagogia.

Y la costumbre es tan fuerte entre los políticos que durante el último debate vicepresidencial, la subasta de imposibles fue el plato fuerte y constante entre los 14 postulantes que asistieron.

“Pagaremos la deuda al IESS, crearemos 700 mil empleos, invertiremos 2.000 millones en la pequeña y mediana empresa, derrotaremos a la inseguridad, crearemos grandes planes sociales” fueron algunas de las decenas de ofrecimientos en ese evento.

Me pregunto: ¿Esas mega ofertas son viables en un Ecuador que durante el 2025 necesitará de más de 8.000 millones de dólares en préstamos nacionales e internacionales, para completar su presupuesto general, que estará entre los 33.000 y 35.000 millones de dólares?

Si no lo sabían, en el Ecuador del 2025, los ingresos estatales bajarán unos 3.800 millones con respecto al 2024 y el Ministerio de Finanzas deberá cancelar casi 9.000 millones en deuda pública. Es decir, habrá muy poco dinero para la obra estatal y la inversión social.

Entonces, el ciudadano debe saber que no hay cabida para las faraónicas ofertas electorales; sino para proyectos específicos que deben orientarse a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos más pobres.

Si bien el presidente, Daniel Noboa, ha tenido la determinación de tomar medidas difíciles para darle viabilidad económica al estado, luego del cuestionado mandato de Guillermo Lasso, el nuevo gobierno debe volcarse con la mayor fuerza posible al sector social.

Finalmente, debemos repetir: “Cómo hacerlo” debe ser el único requisito para un buen debate presidencial, que será este domingo 19 de enero.