Este martes es clave para el futuro legal del ex presidente boliviano Evo Morales, quien enfrenta acusaciones de trata de personas y estupro por el supuesto embarazo de una adolescente en 2016. Morales está convocado a una audiencia de medidas cautelares en Tarija a las 09:30, y si no se presenta, la Justicia boliviana lo declarará en rebeldía.

La fiscal Sandra Gutiérrez advirtió que existe “probabilidad de autoría” y “peligro de fuga” en el caso, por lo que la Fiscalía solicita la detención preventiva de Morales. El proceso, que había sido abierto durante el gobierno interino de Jeanine Áñez, fue retomado en septiembre de 2024, y desde entonces, Morales se ha mantenido en su bastión político bajo la protección de sus seguidores.

Este lunes, los abogados de Morales anunciaron que no asistirán a la audiencia debido a que no consideran que el proceso tenga base jurídica. Gutiérrez también advirtió que, si no se presenta, se emitirá una nueva orden de captura.

La situación ha aumentado la tensión política en Bolivia, con enfrentamientos entre seguidores de Morales y la Policía en varias ciudades. Los manifestantes exigen la liberación de detenidos y la impunidad para Morales. Desde el Gobierno, se acusa a los seguidores del ex presidente de intentar generar caos a horas de la audiencia.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ha instado a Morales a presentarse ante la Justicia, asegurando que no se busca hacerle daño, sino que se desea que el ex presidente enfrente las acusaciones. Mientras tanto, Morales denuncia que las acusaciones son parte de una campaña para evitar su participación en las elecciones presidenciales de agosto de este año.

La controversia se ha intensificado por las declaraciones de la presunta víctima, quien ha involucrado a la fiscal y al ministro Del Castillo, acusándolos de manipular la situación. Ambas autoridades han rechazado las acusaciones, calificándolas de maniobras para evitar que la audiencia se lleve a cabo.