El artículo 158 de la Constitución de Ecuador establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones que protegen los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Esta misión constitucional aterriza en la práctica en políticas, disposiciones, leyes, normas, reglamentos y otros documentos que rigen las misiones y actividades de las fuerzas militares.

Por esto cuesta mucho comprender lo acontecido con los jóvenes de las Malvinas, Guayaquil, en diciembre del año anterior. En este doloroso caso y cuyo desenlace fue terrible, se involucra a personal militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Esto he tomado con prudencia hasta que se encuentren hechos de convicción que nos conduzcan al camino de la justicia y la verdad.

Se han manifestado muchas opiniones, especialmente en redes sociales, que hoy están poniendo una agenda política e influencia en las decisiones de toda índole. Por eso vamos analizar desde la formación militar, porque las FF.AA. ecuatorianas fueron las primeras en la región en incorporar en su pénsum académico de todos los niveles de formación y capacitación militar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Esto se hizo gracias a un convenio con la organización de Derechos Humanos- ALDHU-. Los DD.HH. son transversales en estructura orgánica: desde el Ministerio de Defensa hasta el último de los batallones tienen direcciones, departamentos y secciones de esta materia y de equidad de género. Es de amplio conocimiento y observancia por parte de todos los soldados en todas las jerarquías.

Además, en la planificación de las Operaciones Militares como parte del Derecho Operacional se incorporan en sus anexos las “Normas de Comportamiento” y las “Reglas de Enfrentamiento”, que son leídas por el Comandante al personal militar que va a ejecutar una operación determinada. Esto es importante porque el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía es sustancial para el personal militar.

En este lamentable caso, la misión principal de la patrulla FAE era custodiar unos contenedores hacia el puerto de Guayaquil como un apoyo al SRI. A su regreso, se presentó una misión circunstancial en un hecho flagrante, que fue tomada para brindar seguridad a la ciudadanía frente a la delincuencia común. La patrulla hizo la aprehensión y cometió un error en el procedimiento, y, por diversos motivos, no entregaron a la Policía a los jóvenes aprehendidos. Decidieron dejarles libres, sin hacer una valoración adecuada y quizá con la intención de darles otra oportunidad. Pero lamentablemente son soltados en una zona peligrosa de Taura, mientras retornaban a la Base. Ese es el error y las consecuencias fueron fatales para estos jóvenes y sus familias.

Pero tratar de aprovechar este hecho para desprestigiar a las FF.AA y generalizar un acontecimiento lamentable, e incluso con voces en la Asamblea Nacional que les piden regresar a los cuarteles, hay una diferencia muy grande. Ningún comandante militar envía a sus soldados a matar o masacrar y no es parte de la planificación militar. Estoy seguro que si se hace una investigación adecuada y no sesgada, la verdad prevalecerá.

No es justo que, por voces disonantes de gestores políticos y de los derechos humanos, trate de influir en las decisiones judiciales para que los integrantes de la patrulla militar sean encarcelados. Es indignante, de la misma manera, que a los delincuentes y mafiosos de alta peligrosidad los mismos jueces les den otro tipo de medidas cautelares.

Las Fuerzas Armadas son del pueblo y obedecen a las leyes que las rigen, son institucionales. Es deber de los ciudadanos reconocer su trabajo y sacrificio por brindar la paz y el bienestar a Ecuador. Por supuesto, pueden tener errores, han hecho más de 3.000 operaciones de diversa índole contra las mafias y delincuentes cada mes con óptimos resultados. El país debe apoyar su accionar, no vilipendiar, ni tratar de aprovechar este terrible suceso para favorecer a las mafias, porque eso las debilitará, tal como lo hizo el Gobierno correísta. Ahora hay voces de sus líderes que quieren replicar esas prácticas como las del exministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, y sus seguidores.

Estoy convencido, por los hechos y las informaciones que se van saliendo a la luz, que los soldados de la patrulla, no son responsables de la llamada desaparición forzosa, porque su formación, principios y valores institucionales les legitima.