El gobierno de Estados Unidos redobló sus esfuerzos para debilitar la estructura del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El Departamento de Estado anunció un incremento en las recompensas por información que permita capturar o condenar al propio Maduro y a miembros de su gabinete, mientras que el Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas a ocho altos funcionarios vinculados a abusos de derechos humanos y represión.

Entre las recompensas anunciadas, se destacan hasta 25 millones de dólares por información sobre Maduro y Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia, y 15 millones de dólares por datos sobre Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Según el comunicado oficial, estas medidas buscan “reforzar la transición democrática en Venezuela” y responsabilizar a los actores principales del régimen.

Además, el Departamento del Tesoro sancionó a figuras clave como Héctor Andrés Obregón Pérez, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), acusado de ser parte del entramado económico que sostiene al régimen. También figuran Ramón Celestino Velásquez Araguayán, presidente del consorcio aéreo estatal CONVIASA y ministro de Transporte, y Douglas Arnoldo Rico González, director del CICPC, señalado por liderar violaciones graves de derechos humanos.

Estas sanciones implican el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con los sancionados. Según el Tesoro, la acción fue coordinada con aliados como Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido para ejercer una presión internacional unificada contra el gobierno de Maduro.

Las medidas responden al contexto de represión y violencia denunciado tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, calificadas como fraudulentas por Estados Unidos y aliados internacionales. Según las autoridades, estas acciones buscan cerrar el cerco al régimen de Maduro y respaldar el reclamo del pueblo venezolano por elecciones libres y democráticas.