La Contraloría General del Estado reveló este miércoles, 8 de enero de 2025, un perjuicio económico de USD 8.9 millones en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). El daño estaría relacionado con irregularidades en la contratación de servicios de asesoría legal y patrocinio.

El informe de examen especial analizó procedimientos aplicados entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2024, según la orden de trabajo emitida en julio de 2024.

Los resultados del documento, aprobado el 30 de diciembre de 2024, destacan que el contratista incumplió con las entregas estipuladas en el contrato y los pliegos técnicos.

Irregularidades detectadas

• Documentación ausente: En el caso de una de las 59 acreencias trabajadas, el proveedor no presentó evidencia de las gestiones realizadas ante entidades clave, como la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el Banco Central del Ecuador y la Procuraduría General del Estado.
• Gestión deficiente: No se justificaron acciones relacionadas con la reasignación de cuentas ni la corrección de registros contables de títulos valores dentro del sistema bursátil.
• Impacto financiero: La falta de documentación adecuada derivó en pagos irregulares al proveedor, lo que significó un perjuicio económico de USD 8.9 millones para el Estado.

Este contrato se enfocaba en recuperar valores invertidos y representar al Isspol en procesos judiciales relacionados con inversiones fallidas, incluida la recuperación de Bonos de Deuda Pública Interna emitidos por el Ministerio de Finanzas.

La Contraloría instó a las autoridades a tomar medidas para determinar responsabilidades civiles y penales. Este caso se suma a los escándalos de corrupción previamente vinculados al Isspol, como los de los casos Metástasis y Purga.