En una intervención transmitida en cadena nacional la noche del 6 de enero de 2025, el Ministro de Defensa Nacional emitió disculpas públicas a las familias de los cuatro niños desaparecidos en Guayaquil, en cumplimiento de una sentencia judicial. Sin embargo, su discurso estuvo marcado por fuertes críticas hacia la jueza que dictó la resolución, acusándola de exceder sus competencias legales y señalando una posible persecución política.

Durante su intervención, el ministro afirmó que la sentencia judicial, que calificó los hechos como desaparición forzada y ordenó la reparación simbólica a través de las disculpas públicas, carece de fundamento legal. “Esta injusticia en contra de las Fuerzas Armadas fue cometida por una jueza en materia constitucional, declarando la existencia de una desaparición forzada a pesar de que no tenía capacidad ni facultad legal alguna para hacerlo”, expresó.

El ministro cuestionó la imparcialidad del proceso, aludiendo a la presencia de autoridades con “claros fines políticos” en calidad de amigos del juez durante las audiencias. Entre estas figuras, mencionó a la presidenta de la Asamblea Nacional. Según el funcionario, esta sentencia no solo afecta a los militares procesados, sino que también busca “arrodillar a las Fuerzas Armadas”, las cuales, aseguró, actúan con respeto a los derechos humanos y en apego a la legalidad.

Amenazas de sanciones legales contra la jueza

En un tono contundente, el ministro advirtió que el gobierno llevará a cabo todas las acciones necesarias para revertir la sentencia y sancionar la actuación de la jueza. “He cumplido con lo que usted dispuso, señora jueza, pero llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación”, afirmó.

Además, indicó que su cartera investigará lo que calificó como el “uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política”. Esta afirmación ha generado controversia, pues algunos sectores la interpretan como un intento de deslegitimar a las instituciones judiciales y de amedrentar a quienes cuestionan el accionar estatal.

Críticas de la sociedad civil

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han reaccionado al pronunciamiento del ministro, calificándolo como un ataque directo contra la independencia judicial y un intento de desacreditar un fallo que busca justicia en un caso tan sensible. “Este tipo de declaraciones son inaceptables. Más allá de los desacuerdos legales, el respeto a las instituciones y a las víctimas debe prevalecer”, señaló Verónica Jaramillo, representante de la Fundación Justicia y Memoria.

El caso que conmociona al país

El caso de los niños desaparecidos en Guayaquil ha generado indignación y debate a nivel nacional. Los menores, identificados como Ismael, Josué, Saúl y Steven, desaparecieron en el sector Las Malvinas tras ser detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Sus cuerpos fueron hallados el 24 de diciembre en una zona de difícil acceso en Taura, mostrando signos de calcinación.

Actualmente, 16 militares enfrentan prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal por desaparición forzada. Las declaraciones del ministro de defensa, lejos de apaciguar las tensiones, parecen haberlas avivado, poniendo en el centro del debate la relación entre justicia, política y derechos humanos en Ecuador.

Este caso continúa generando preguntas sobre la transparencia en las investigaciones y el respeto a las instituciones judiciales. Las familias de las víctimas, por su parte, exigen que la justicia prevalezca sin interferencias ni presiones externas.