Caso Purga: Fiscalía avanza en acusación contra exfuncionarios por corrupción judicial

Ene 7, 2025

La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Purga, que investiga una presunta red de corrupción en la Corte del Guayas, fue reinstalada este 7 de enero de 2025 por el juez Javier de la Cadena. Este proceso apunta a desentrañar un esquema de influencias liderado por Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), y Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas.

En diciembre de 2024, los procesados solicitaron la nulidad de la investigación fiscal, argumentando que el Ministerio Público no atendió sus requerimientos de pruebas y pericias. Por ello, el juez De la Cadena otorgó tiempo adicional para cumplir con estas diligencias antes de reinstalar la audiencia. Finalmente, tras certificar que las solicitudes fueron atendidas, el magistrado declaró válida la investigación, permitiendo que el fiscal Wilson Toainga presente su dictamen acusatorio.

Acusaciones de la Fiscalía

El fiscal Toainga inició su intervención describiendo cómo Muentes presuntamente utilizó su influencia para manipular la justicia en el Guayas. Según la teoría del caso, el exasambleísta formó una red de contactos que incluía a Fabiola Gallardo y Johan Marfetán, antiguos jueces de la Corte. Además, habría contratado a Mayra Salazar, vinculada al caso Metástasis, para asegurar la elección de Gallardo como presidenta de la Corte del Guayas.

A través de esta red, Muentes habría ejercido control sobre jueces mediante campañas de desprestigio en redes sociales, logrando fallos favorables como el dictado por Reinaldo Cevallos en el caso contra el Banco del Pacífico. Asimismo, Fausto Alarcón, primo de Muentes, habría utilizado estas influencias para adjudicarse terrenos en Durán valorados en más de USD 200.000 mediante una acción de habeas data.

Contexto del caso

El caso Purga es parte de una serie de investigaciones que exponen irregularidades en el sistema judicial, junto con los casos Metástasis y Plaga. Hasta la fecha, estas investigaciones han resultado en la destitución de 25 servidores judiciales.

Con la validación de la investigación, la audiencia continúa y se espera que el juez De la Cadena determine si las pruebas presentadas son suficientes para avanzar hacia un juicio. Este proceso se presenta como un ejemplo más del combate contra la corrupción judicial en el país.



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