Políticos, juristas y estrategas se han convertido en malabaristas habilidosos que destapan, esconden, o desfiguran argumentos jurídicos al servicio de intereses electorales. Los serviciales al gobierno han pasado casi un año escarbando caminos legales para evitar que la vicepresidente Abad sustituya al presidente durante la campaña electoral.

Fracasaron todos los caminos y los subalternos que ofrecieron destituir a la vicepresidente terminaron destituidos, desprestigiados y ridiculizados. Ahora han descubierto que no era obligatoria la licencia y que el presidente puede hacer campaña electoral sin ningún problema.

En un par de días veremos si a los malabaristas se les caen todos los trastos y la vicepresidente se encarga de gobernar mientras dura la campaña, o si el presidente hace proselitismo sin someterse a la licencia, pero sometiéndose él y sometiendo al país a riesgos muy graves.

Puede ocurrir que la Asamblea Nacional posesione a la vicepresidente; que le inicien un juicio político y le acusen de peculado por utilizar en la campaña recursos del Estado;  que le denuncien por delito electoral; que el caso termine en la Corte Constitucional para que interprete su interpretación. Iniciar una campaña electoral con esos riesgos no parece sensato.

Los malabaristas han tenido su cuarto de hora de fama y, tal vez, buenos honorarios; pero solo azuzan o asustan y el gobierno sigue dudando si jugarse al “todo o nada”. El anticorreísmo prefiere apoyar lo que decida el candidato Noboa por un miedo incontrolable al retorno del correísmo; no recuerda que los peores embusteros son los propios temores, según Kipling.

Los malabaristas han mantenido entretenida a la parroquia, han deslumbrado a los interesados, han contribuido a esconder los problemas reales y a degenerar la actividad política. La tropa jurídica tiene ahora nueva tarea, deberá explicar si las vacaciones de la vicepresidente implican ausencia temporal y le habilitan al presidente para darnos otra vicepresidente.