Este viernes, dentro del caso de denuncia pública sobre la designación de Claudia Salgado como integrante de la terna de candidatos para la renovación parcial de la Corte Constitucional, la Comisión de Justicia recibió al abogado de la Unión de Afectados por Texaco, Pablo Fajardo.

Previo a su exposición, la legisladora proponente de las comparecencias, Patricia Mendoza resaltó la importancia del proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional, pero al existir varias denuncias ciudadanas, dudas e inquietudes, por ejemplo aquella en contra de la primera persona que conforma la terna remitida por la Función Ejecutiva, es necesario contar con la información necesaria.

Por este motivo, dijo que el presidente de la Comisión Calificadora para la Renovación Parcial de la Corte Constitucional 2024, Juan Izquierdo, debería acudir a esta mesa legislativa para que se refiera a la transparencia e imparcialidad del proceso.

De su lado, el compareciente Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados por Texaco y pueblos originarios de base, recordó el juicio contra Chevron Corporation y la sentencia de la Corte Constitucional de 2018. Asimismo, un laudo arbitral en contra del Estado ecuatoriano.  

Fajardo señaló que la doctora Claudia Salgado en junio de 2019 firmó un informe de la Procuraduría General del Estado, que fue remitido a la Asamblea Nacional, en donde “claramente pone por encima de la Constitución el laudo arbitral, desconociendo la validez y supremacía de la sentencia de la Corte Constitucional”.

Con este antecedente, confirmó que el 11 de diciembre de 2024 presentó la impugnación de la candidatura, cuya audiencia de prueba se notificó para el 7 de enero de 2025.

En la mesa legislativa, se dio lectura a la excusa del  presidente de la Comisión Calificadora para la Renovación Parcial de la Corte Constitucional 2024,  Juan Izquierdo, quien anexó la resolución en la que precisa que los miembros del organismo no son servidores públicos.

Al final, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Cedeño recordó el contenido constitucional sobre los convenios y tratados internacionales y precisó que este organismo continuará el proceso de fiscalización y control político,  en el ámbito de sus atribuciones.