“Que los devuelvan con vida” es la súplica desesperada de los padres de los niños Saúl Arboleda (15 años), Steven Medina (11 años) y los hermanos Josué (14 años) e Ismael Arroyo (15 años), tras su ilegal e irregular detención a manos de 16 efectivos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana el pasado 8 de diciembre de 2024.

En un inicio, el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, intentó deslindar de responsabilidad a las Fuerzas Armadas respecto a esta detención arbitraria. Sin embargo, tras la difusión de un video que confirmaba la implicación de la fuerza aérea, cambió su versión alegando que los menores habían sido detenidos “por estar robando”. Esta afirmación fue descartada por el fiscal encargado del caso, Christian Fárez, durante la audiencia de hábeas corpus realizada el 24 de diciembre. En dicha audiencia, la jueza Tanya Loor declaró que los cuatro niños de Guayaquil eran víctimas de desaparición forzada, estableciendo así la responsabilidad estatal en este atroz caso. Frente a estos hechos, es inconcebible que el jefe
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, haya calificado como “incidente” lo ocurrido con los cuatro niños.

Por esta razón, resulta especialmente condenable la campaña emprendida por el Gobierno Nacional, a través del ministro de Defensa, para deslegitimar tanto a los niños como a sus familias, con el objetivo de evadir su responsabilidad. Las declaraciones del ministro Loffredo buscan imponer un discurso de odio, desinformando y tratando de cargar sobre los hombros de los padres la responsabilidad de la seguridad de sus hijos. A esto se suma la estigmatización generada en redes sociales, que intenta mancillar la imagen de cuatro niños que, antes de ser detenidos de manera arbitraria, llevaban una vida dedicada al deporte y al estudio, llenos de aspiraciones y sueños.

El horror en este caso no se detiene. Hace pocos días la Policía Nacional reportó el hallazgo de cuatro cuerpos calcinados en una zona de manglares en Taura. Hasta el momento, las autoridades han informado que los análisis de ADN tomarán entre 30 y 40 días para confirmar sus identidades.

El caso de los cuatro niños de Guayaquil no es un hecho aislado. Actualmente, existen numerosas denuncias de desapariciones forzadas, especialmente en provincias de la región Costa, siendo Esmeraldas la más afectada. En casi todos estos casos, emergen patrones de racismo estructural evidenciados en prácticas de perfilamiento racial y castigo a la pobreza y la desigualdad, por parte de la fuerza pública.

La declaratoria de Conflicto Armado No Internacional, realizada por el presidente de la República, Daniel Noboa, en el mes de enero del presente año – el pasado 7 de abril la Corte Constitucional sostuvo que el Ejecutivo no presentó las justificaciones suficientes para una declaratoria de esa dimensión- ha sido un factor determinante en estas acciones. El presidente Noboa, en uno de sus discursos, expresó: “Ningún (individuo) antipatria venga a decir que violamos los derechos de nadie”, dejando entrever que, tras esta declaratoria, las Fuerzas Armadas actuarían sin controles ni fiscalización.

El trabajo realizado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha sido crucial en este caso. También quienes están al frente de las organizaciones que lideran esta lucha, enfrentan graves riesgos y el Estado debe asumir su responsabilidad en garantizar su labor y seguridad.

Las y los ecuatorianos demandamos que los cuatro niños de Guayaquil sean devueltos con vida a sus familias.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!