El juez federal argentino Ariel Lijo dictó la declaración indagatoria y la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Ambos son señalados por presuntas graves violaciones a los derechos humanos, en una causa presentada bajo el principio de jurisdicción universal. La medida también alcanza a otros altos funcionarios del régimen nicaragüense.

Acusaciones por crímenes de lesa humanidad
La denuncia, presentada el 26 de agosto de 2022 por el abogado Darío Richarte junto a un equipo de la Universidad de Buenos Aires, detalla crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecuciones políticas y desplazamientos forzados, atribuidos al régimen de Ortega y Murillo desde abril de 2018.

Richarte calificó el fallo como un “hito histórico” que fortalece la aplicación de la justicia universal. Según el abogado, la causa fue construida a lo largo de más de dos años con testimonios de víctimas, documentos y pruebas obtenidas con el apoyo de organismos internacionales. “Este fallo es un paso importante hacia la justicia para las víctimas y la visibilización de la situación en Nicaragua”, señaló.

El principio de jurisdicción universal
La justicia argentina ejerce competencia en este caso amparada en el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar crímenes graves como los de lesa humanidad, independientemente del lugar donde se hayan cometido. El fiscal Eduardo Taiano respaldó esta postura, avalada por el juez Lijo en su resolución.

La investigación incluye testimonios reservados de víctimas y evidencia recopilada por organismos internacionales y medios de comunicación. Además, entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, se presentaron siete ampliaciones de la denuncia, consolidando el expediente.

Impacto internacional
La decisión judicial representa un precedente significativo en la justicia penal internacional y un desafío diplomático para el régimen de Ortega y Murillo. Según Richarte, el fallo busca no solo justicia para las víctimas, sino también fomentar el aislamiento de los dictadores y movilizar a la comunidad internacional en defensa de la democracia.

El pedido de captura internacional aumenta la presión sobre organismos multilaterales y gobiernos regionales para que adopten medidas concretas frente a las denuncias. La causa permanece abierta, y los denunciantes confían en que este avance ayude a restaurar la democracia en Nicaragua y brindar justicia a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.