Este 31 de diciembre de 2024, a las 10h00, se llevará a cabo en el Complejo Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil, la audiencia de formulación de cargos contra 16 militares investigados por la desaparición forzada de cuatro menores de edad. La diligencia será reservada y la familia de los niños solicitará prisión preventiva.

Este caso, conocido como el Caso Las Malvinas, sigue generando fuertes reacciones. Ecuavisa entrevistó a Fernando Bastías, del Comité Permanente de Derechos Humanos, quien brindó detalles sobre los avances de la investigación y la situación de las familias afectadas.

Bastías explicó que, aunque la Fiscalía continúa los operativos para dar con el paradero de los menores, la identificación de los cuerpos encontrados en el río Taura sigue siendo un desafío. Los cuerpos, presuntamente incinerados y en avanzado estado de descomposición, complican las pruebas dactilares, lo que obliga a recurrir a pruebas antropológicas. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha obtenido información oficial sobre los resultados de las pruebas.

A pesar de que la Fiscalía solicitó la inclusión de las familias al programa de víctimas y testigos, Bastías señaló que aún no se ha realizado la entrevista correspondiente. No obstante, las familias ya cuentan con protección internacional gracias a las medidas cautelares dispuestas por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que obliga al Estado a garantizar su seguridad y protección.

El Comité Permanente de Derechos Humanos advierte que este caso no es aislado. Bastías aseguró que hay múltiples denuncias de desapariciones forzadas, muchas de las cuales involucran a las Fuerzas Armadas. Además, destacó la importancia de una investigación pronta y rigurosa ante casos de desaparición forzada, donde el Estado debe actuar con rapidez, solicitando informes de operativos y allanamientos que no se realizan en otras circunstancias.

El abogado también abordó la situación de los adolescentes reclutados por bandas criminales, sugiriendo que no todo se reduce a las penas. Según Bastías, el verdadero problema radica en la condición de empobrecimiento en la que viven muchos niños y jóvenes, lo que los lleva a elegir entre la muerte o sobrevivir en un contexto de violencia. Señaló que las políticas de mano dura no abordan la prevención ni la investigación profunda del reclutamiento forzado, lo que perpetúa un ciclo de criminalización de los jóvenes sin soluciones efectivas.