El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, junto a la cúpula de las Fuerzas Armadas, acudió este lunes 30 de diciembre de 2024, a la Comisión de Protección de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre la desaparición de cuatro menores de edad ocurrida el pasado 8 de diciembre en el sector Las Malvinas, en Guayaquil, presuntamente durante un operativo militar.
Loffredo, quien había solicitado reprogramar su primera convocatoria a la Comisión, inició su intervención aclarando que no abordaría detalles bajo investigación por la Fiscalía General del Estado. Además, rechazó la solicitud de juicio político impulsada por el legislador Héctor Valladarez, de la bancada de la Revolución Ciudadana, calificándola como una acción política para desestabilizar al Gobierno. “Es un golpe a la democracia”, señaló el ministro.
Detalles sobre los hechos del 8 de diciembre
Durante su intervención, el ministro afirmó que la desaparición de los menores no fue parte de un operativo planificado por las Fuerzas Armadas. Según su versión, los hechos se habrían originado como respuesta a un presunto delito flagrante. Añadió que tuvo conocimiento del caso recién el 19 de diciembre.
Por su parte, el jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela Erazo, explicó las normativas sobre el uso progresivo de la fuerza y llamó a la ciudadanía a proteger la institucionalidad militar.
El comandante de la Fuerza Aérea, Celiano Cevallos Calderón, ofreció una cronología de los hechos, detallando que los 16 militares involucrados estaban apoyando a la Secretaría Nacional de Aduanas y que la aprehensión de los menores ocurrió de manera imprevista mientras regresaban a la Base Aérea de Taura. Subrayó que no se trató de un operativo militar específico, sino de una acción espontánea derivada de una situación emergente.
Cevallos también informó que se han iniciado procesos disciplinarios administrativos contra los 16 efectivos involucrados. Según él, los militares habrían actuado “en cumplimiento de un deber ciudadano” frente a un posible delito de acción pública.
La comparecencia en la Asamblea Nacional continúa, mientras las autoridades responden a las interrogantes sobre los procedimientos seguidos y las responsabilidades en torno a este caso.
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