La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó un informe detallado sobre las deficiencias en los servicios de telefonía e internet móvil, así como en la provisión de generadores eléctricos, a nivel nacional. El documento subraya la ineficiencia y falta de respuestas oportunas por parte de los funcionarios del Estado frente a las denuncias de los ciudadanos, especialmente durante situaciones de crisis, como la falta de energía eléctrica.

Según el informe, las medidas tomadas por las autoridades, como la entrega de gigabytes adicionales a los usuarios, resultaron ineficaces, ya que no pudieron solucionar el problema de fondo: la escasa conectividad debido a la ausencia de energía eléctrica. En este contexto, la Defensoría del Pueblo recibió más de 750 denuncias sobre la mala calidad del servicio y los cobros indebidos, pero no se logró una respuesta adecuada ni coordinada con las entidades reguladoras.

El informe también señala la limitada fiscalización de las entidades reguladoras, destacando que, aunque Arcotel aplicó sanciones a algunas operadoras, estas no tuvieron un impacto significativo en la mejora de la calidad del servicio. Según los legisladores, esto refleja una falta de gestión por parte del Gobierno Nacional para abordar adecuadamente la problemática.

Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, expresó que “la falta de mecanismos efectivos para garantizar la protección de los derechos de los usuarios en emergencias dejó a los ciudadanos desprotegidos frente a los abusos de las operadoras”. Por su parte, la asambleísta Sofía Espín, quien promovió la aprobación del informe, criticó la ausencia de compensaciones proporcionales y la debilidad de las sanciones impuestas a las operadoras.

El informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para ser analizado por el Pleno y puesto en conocimiento de todos los legisladores.