Los ecuatorianos hemos sido testigos que el propio Estado es el mayor agente dinamizador de la economía mediante las compras públicas, por lo cual es fundamental que la ciudadanía analice antes de las próximas elecciones qué candidato tiene propuestas sólidas que aseguren una justa y transparente competencia en los procesos públicos. 

También hemos evidenciado como distintos gobiernos han ejecutado procesos donde reina la discrecionalidad y se hacen millonarias adjudicaciones sin un concurso riguroso y transparente que precautele el interés del Estado. Cuando eso sucede perdemos todos los ecuatorianos, pero especialmente afecta a los sectores más vulnerables porque la discrecionalidad suele venir asociada a corrupción con fondos públicos en beneficio de unos pocos y en perjuicio de las grandes mayorías.  Por ello, al menos en el discurso, tanto los políticos de izquierda como los de centro y los de derecha apelan a la justa competencia al momento de adjudicar procesos que involucran recursos públicos.

Cuando éstos se refieren a licitaciones, delegaciones, alianzas público privadas, u otros mecanismos aplicables a sectores estratégicos y recursos naturales no renovables como los hidrocarburos o los minerales, se vuelve aún más importante la justa competencia para asegurar el interés nacional.

En este artículo se abordará la indispensable necesidad de ejecutar un proceso transparente y competitivo para la delegación del campo Sacha que el Gobierno Nacional ha decidido llevar adelante, considerando que se trata del más  importante activo petrolero con una producción superior a los 27 millones de barriles al año y un ingreso bruto de alrededor de 2.000 millones de dólares anuales.

Para el país resulta más importante la renta petrolera que las simples cifras de barriles producidos en un determinado campo, ya que en la renta se evidencia el beneficio monetario real para la nación pues ya deduce los costos de producción involucrados. Es interesante observar que la renta petrolera del campo Sacha administrado por Petroecuador es superior a la del activo Auca administrado por una empresa privada. Es decir que más allá de cualquier ineficiencia imputable a Petroecuador y la baja inversión estatal efectuada, en Sacha se obtuvo un mayor beneficio para el país. Es así que la conveniencia no radica en si es Petroecuador o un privado quien opera el campo, sino en cómo se ejecuta la operación y por tanto las condiciones contractuales que se estipulen para el efecto.

Como es de conocimiento público un consorcio formado por Petrolia Ecuador, filial de la canadiense New Stratus y por Amodaimi Oil, subsidiaria de la estatal china Sinopec, presentó una oferta para el desarrollo del campo Sacha, mediante una concesión de 20 años, para lo cual ofrece inversiones de alrededor de 86 millones anuales y un anticipo al Estado de USD 1.500 millones bajo un contrato de participación. Cabe anotar que ofrece un anticipo y no un bono de entrada al negocio, por lo cual ese valor se cobrará al país “en módicas cuotas en el tiempo” descontándolo de la participación estatal en los ingresos generados.

Se presentan a continuación algunos factores importantes a tener en cuenta.

1. Si el Gobierno Nacional ha decidido llevar adelante un proceso de este tipo, debe tener en cuenta que Sacha no es un campo marginal, por lo cual primero el ministerio sectorial debe verificar la normativa existente para confirmar la viabilidad legal o no del proceso y cumplir todas las formalidades de ley. Además se debe tomar en cuenta que el código de la producción COPCI contempla la excepcionalidad para delegación a privados solo cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, sin embargo eso se contrapondría al hecho que Petroecuador ha venido operando Sacha por años, siendo el campo de mayor producción del país, y generando alrededor de 2.000 millones de ingresos brutos.
2. En caso de existir viabilidad, el ministerio debe estructurar los términos de referencia (TDRs) correspondientes y publicitarlos apropiadamente para que empresas internacionales concursen. Es el Estado quien debe definir las metas a lograr y no simplemente viabilizar lo que propone un tercero. Es indispensable garantizar una competencia justa y transparente, evitando así que se entregue discrecionalmente “a dedo”. Más aún cuando existen actores privados involucrados en el consorcio.
3. El Gobierno debe asegurarse que los concursantes/oferentes cumplan los requisitos que exige la Ley de Hidrocarburos, esto es demostrar probada experiencia y solvencia técnica y financiera para operar un campo de esas características. Llama la atención que en el año 2022 existió un conflicto entre el estado ecuatoriano y la Compañía NEW STRATUS-PETROLIA sobre el bloque 16 y 67 (operación más pequeña que Sacha) y el propio ministerio sectorial en su website indicó “La compañía no demostró estos requisitos por lo que el Ministerio, en Oficio No. MERNNR-MERNNR-2020-1162-OF de 01 de diciembre 2020, negó tal autorización de adquisición de los activos de Repsol a New Stratus.” (https://www.recursosyenergia.gob.ec/comunicado-oficial-sobre-culminacion-de-contratos-para-los-bloques-16-y-67/). En el portal de la SuperIntendencia de Compañías se indica sobre AMODAIMI-OIL COMPANY, S.L que el tipo de empresa es “sucursal extranjera” con capital suscrito en Ecuador de dos mil dolares, y objeto social “Se limitará, en calidad de cesionaria, al cumplimiento del contrato de prestación de servicios para la explotación de hidrocarburos, en el bloque No.16 de la región amazónica”. En la documentación financiera del año 2023 cargada en el portal supercias.gob.ec el 12 de diciembre de 2024 se indica que su ganancia neta del período fue 2´238.889 USD.
4. Respecto al anticipo de 1.500 millones, debe aclararse en el TDR si se trata de un valor a ser devengado, es decir un préstamo sin interés, o preferiblemente es un bono de entrada al negocio que se cobra a la empresa adjudicada para darle participación. Son conceptos muy diferentes. También es indispensable clarificar si se estaría otorgando participación sobre la producción actual o solo sobre la incremental. El porcentaje de participación debería ser definido por el Estado en base a un análisis y modelo económico que se transparente a la ciudadanía. Como primera aproximación, si los 1.500 millones son un bono de entrada al negocio (no se devenga en el tiempo) y considerando un valor actual neto de Sacha de 8.800 millones de dólares, significará una participación del 17%, siempre y cuando el adjudicatario cumpla también su nivel de inversión para el desarrollo del campo.
5. El Gobierno Nacional en lugar de efectuar un proceso con base en cuánto invertirá el proponente, debería enfocarlo al nivel de incremento de producción que se obliga a lograr en un tiempo determinado. Para ello convendría exigir que el proponente detalle su plan de acción y trabajos en el campo, como mejorar el factor de recobro usando tecnologías de recuperación secundaria, terciaria o aplicando perforación profunda, etc. En caso de no lograr el nivel de incremento pactado, el Estado debe reservarse la opción de terminación unilateral.

Ya que existe un proceso electoral en marcha, las empresas internacionales preferirán esperar el resultado de las elecciones (al menos de primera vuelta) previo a concursar. Resulta razonable esperar el mes que falta hasta las elecciones, previo a lanzar el proceso a nivel internacional.

En conclusión, no es conveniente en este momento para el país la firma de un contrato de delegación de Sacha, y menos sin un proceso competitivo abierto y transparente. Es recomendable que sea el próximo gobierno electo, que podría ser el mismo en caso de reelección, quien lleve adelante el proceso cumpliendo con todas las formalidades de ley, con términos de referencia que protejan el interés nacional y que suscriba con la legitimidad de haber presentado esta propuesta en su campaña y haber ganado en las urnas.

A la hora de consignar el voto se debe dar más valor a las acciones que a los discursos. Lo que el Gobierno haga con Sacha es un buen termómetro de lo que hará en el futuro en caso de reelección.