La actitud más sana y optimista al terminar el año es pensar, proyectar y preparar el año siguiente, pero en nuestro país, las instituciones y sus líderes no nos permiten pensar ni el día siguiente. La sucesión vertiginosa de acontecimientos nos encadenan al presente, siempre hay nuevos acontecimientos dramáticos que atrapan nuestra atención.

La preocupación por los apagones ha sido reemplazada por la preocupación del costo, legalidad y validez de los millonarios contratos hechos de apuro. Antes de que podamos analizar esos contratos, la atención del país se ha volcado sobre el tenebroso episodio de los niños desaparecidos y las enredadas explicaciones de las autoridades. El último día del año se instalará la audiencia de formulación de cargos contra 16 militares.

Otro episodio tenebroso es la denuncia de la jueza Nubia Vera quien acusa al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, de presionarle para que sentencie en contra de la vicepresidente Verónica Abad. La prueba que tiene es un pendrive que le dejaron con el texto que querían en la sentencia. La fiscalía tratará de averiguar el origen.

La Comisión de Justicia de la Asamblea convocó a los dos y ambos confirmaron su asistencia. La jueza se presentó pero no el presidente de la Judicatura. Él acudió a presentar una denuncia por calumnia en contra de la jueza. En la Comisión se dijo que la presión venía desde el presidente Daniel Noboa.

La Justicia tramitará las denuncias y la Asamblea puede iniciar un juicio político, pero los ciudadanos debemos preguntarnos: ¿cómo deshacernos de operadores de justicia que actúan como delincuentes?  ¿cómo puede defenderse un juez si el chantaje proviene  de las autoridades que le pueden sancionar?

La conducta abusiva de autoridades de alto nivel es propia de regímenes autoritarios que intentan sembrar miedo en lugar de promover confianza en la ley y en las instituciones. El año termina fatal cuando está por iniciar la campaña electoral. La política puede destruir la justicia.