La cuestión de si las autoridades que buscan la reelección deben o no pedir licencia agudiza el debate político en Ecuador. El presidente Daniel Noboa y varios legisladores de su bancada analizan la posibilidad de no solicitarla, lo que ha generado tensiones, especialmente tras las insistentes intervenciones del ministro de Gobierno, José de la Gasca, quien ha afirmado que el presidente no está obligado a pedir licencia.

De acuerdo con De la Gasca, un dictamen de la Corte Constitucional de 2010 establece que el periodo presidencial posterior a la muerte cruzada no se considera ordinario y, por lo tanto, no entra en el marco de reelección. Esto, según su visión, exime al presidente de solicitar la licencia establecida por el artículo 93 del Código de la Democracia. No obstante, el ministro subrayó que la decisión final recae sobre el presidente.

Por otro lado, los más de 90 legisladores que también van por la reelección, incluidos los miembros de la bancada oficialista, han solicitado la licencia, siguiendo la interpretación del Código de la Democracia, que obliga a los servidores públicos a pedirla si buscan la reelección. Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, dio plazo hasta este sábado para que los legisladores presenten su solicitud. En este sentido, el asambleísta Vicente Taiano recordó que la ley prohíbe a los servidores públicos hacer proselitismo mientras ejercen sus funciones, algo que, según él, sería “incongruente”.

El dilema radica en si el presidente y los legisladores que no pidan licencia se convertirán en autoridades y candidatos al mismo tiempo, lo que podría entrar en contradicción con el Código de la Democracia. Este código sanciona a los funcionarios que induzcan al voto mientras estén en funciones.

El constitucionalista André Benavides explicó a Ecuavisa que si el presidente y sus legisladores no piden licencia y se involucran en actividades proselitistas, podrían estar cometiendo una infracción grave. En caso de que alguien presente una denuncia, el Tribunal Contencioso Electoral será el encargado de decidir si hay incumplimiento de la ley.

Mientras tanto, el CNE, encargado de organizar y supervisar el proceso electoral, no ha tomado una postura formal sobre el tema. El presidente Noboa tiene hasta el 5 de enero para tomar una decisión sobre si pedirá o no licencia durante la campaña electoral.