La Fiscalía General del Estado (FGE) pidió fijar fecha y hora para formular cargos contra 16 militares por su presunta participación en la desaparición de cuatro menores en el sur de Guayaquil, el pasado 8 de diciembre. El fiscal Christian Fárez señaló que hay indicios suficientes para presumir un delito de desaparición forzada.

Los menores Ismael y Josué Arroyo (14 y 15 años), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) fueron vistos por última vez tras ser detenidos, según testigos, por hombres vestidos de militares cerca de un centro comercial en Las Malvinas. Según los familiares, los jóvenes fueron llevados a la base militar de Taura, donde lograron comunicarse brevemente antes de perder contacto.

El Ministerio de Defensa confirmó que los 16 uniformados están bajo custodia militar, supervisados por personal de inteligencia para evitar riesgos de fuga. En un comunicado, la cartera aseguró que los investigados serán entregados a las autoridades judiciales en caso de ser requeridos.

Los familiares de los adolescentes, acompañados por el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), han exigido respuestas inmediatas, calificando el caso como desaparición forzada. Este martes, una audiencia analiza un recurso de habeas corpus presentado por los padres para que la Justicia reconozca el caso como una violación de derechos humanos.

‘Un error‘

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, admitió la detención inicial de los menores por parte de una patrulla militar, argumentando que los adolescentes fueron aprehendidos tras un presunto intento de robo. Sin embargo, afirmó que los jóvenes fueron liberados en el camino hacia la base de Taura, decisión que calificó como un error.

“Es una pena, pero los dejaron ir porque eran menores y pensaron que no habría denuncias. A partir de ese momento, desconocemos qué pasó con ellos”, aseguró Loffredo en una entrevista radial.

Por su parte, el presidente Daniel Noboa declaró que no se encubrirá a nadie en este caso y prometió trabajar hasta esclarecer los hechos.

El caso ha trascendido a nivel internacional. Representantes del CDH han llevado el tema ante la Asamblea Nacional y se prevé una reunión con el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.

“Esto nunca debió investigarse como un secuestro, sino como una desaparición forzada. Los familiares señalaron desde el principio la participación militar”, afirmó Fernando Bastias, abogado del CDH.