El fiscal Christian Fárez aseguró durante la audiencia de habeas corpus que no existen evidencias que demuestren que Steven Medina, Saúl Arboleda y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, desaparecidos desde el 8 de diciembre, hayan cometido un acto ilícito antes de su detención.

Los menores, de entre 11 y 15 años, fueron vistos por última vez en el sector Las Malvinas, Guayaquil. Según sus padres, salieron a jugar fútbol y a comprar pan, pero fueron interceptados por una patrulla militar.

Videos difundidos por la Asamblea Nacional muestran que miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) los subieron a una camioneta, según el fiscal Fárez.

El funcionario señaló que, tras su detención, los niños debieron ser trasladados al Servicio Nacional de Adolescentes Infractores, como lo establece la jurisprudencia interamericana, y calificó las acciones militares como coercitivas.

La defensa de los padres acusó a las FF.AA. de secuestro y criticó la falta de acción de la Fiscalía para garantizar mecanismos adecuados de búsqueda.

Por su parte, el Ministerio de Defensa, representado por Leonardo Alvear, negó la acusación de desaparición forzada. Alvear afirmó que los menores fueron encontrados robando y posteriormente liberados cerca de la base de Taura, antes de ingresar al recinto militar.