La problemática de la seguridad en la región se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los conductores estatales, tomadores de decisión y quienes la implementan      (Ministerios del Interior, Ministerio de Defensa, de Gobierno) debido a la velocidad con la que las estructuras criminales se diversifican, se estratifican y especializan (lo que les vale la denominación de grupos mafiosos, prestadores de servicios criminales, carteles, bandas en escalas de generación y en la implosión de mercados criminales). A esto se suma la sofisticación en sus formas operativas y tácticas, de inteligencia y contrainteligencia concretas, sino también en los mecanismos de afianzamiento del ejercicio de la fuerza criminal y terrorista, que terminan por consolidar claros espacios de soberanía criminal e implementación de maneras de gobernanza “atípicas” (verticales, horizontales)[1]. Con ello se encarniza frente al Estado el desafío a su violencia legítima. Esto se concreta en acciones de fuerza criminal específicas cada vez más crudas y un despliegue de violencia inédito (sicariatos masivos[2], secuestros con tortura, asesinatos con modalidades atroces– decapitaciones, esvisceraciones, desmembramientos, quemas humanas-, sino violencia simbólica criminal sobre todo en redes sociales -deep web- que cooptan sobre todo a jóvenes mediante juegos, desafíos y otros para el reclutamiento a estas estructuras y su adicción a estilos de vida mafiosos, que en suma desmantelan el tejido social,  provocando de un lado, una sociedad  temerosa y sin esperanza de cambio, pero a la vez fragmentos sociales – especialmente los grupos más vulnerables y útiles a la estructuras criminales como son los jóvenes  pre adolescentes y adolescentes- que han naturalizado la violencia  

En medio de todo este panorama que ha sido muy bien leído por varios analistas la búsqueda de soluciones de corto y largo plazos a la criminalización creciente del Estado se han multiplicado, y se han ensayado múltiples respuestas, que hasta el momento, no han dado en el país, los resultados esperados. No hay como olvidar que las salidas a esta problemática que ha trascendido fronteras no es local sino exige tomar con seriedad una cooperación orgánica, enmarcada en el respeto a nuestro marco legal, a la autonomía en la toma de decisiones y un sentido contemporáneo de soberanía, permita al país recrear la esperanza de un mañana mejor. La corrupción institucionalizada y la impunidad son los mejores combustibles para reproducir y atomizar la criminalidad. Por esto qué importante es pensar desde otro lugar.  Varios expertos de la escuela finlandesa de estudios de futuro le  están apostando al diseño de futuros, más allá de una mera retórica de la novedad e innovación.  El diseño de futuro, como un ejercicio de “futuridad” alude a la inclusión de género, prácticas socio-ecológicas y conciencia de los fines de los juegos de poder, necesarios dentro de un sistema político democrático, pero juegos de poder que permitan un disenso sano las bases para diálogos constructivos, orientado a la construcción de una sociedad equitativa, incluyente, justa, respetuosa de los derechos humanos, con responsabilidad ética de todos y para todos. 

Así se considera al futuro como un “problema complejo y colectivo de diseño” en un balance de lo deseado y lo existente, que logre movilizar a todos los actores sociales  y que exige claridad entre lo posible, lo probable, y lo deseado en prácticas concretas orientadas a producir imágenes de futuro asentadas en formas participativas de gobernanza,  integrando y valorando las  particularidades de los territorios, las identidades, el sentido afectivo de pertenencia de comunidades a sus territorios,  símbolos  signos narrativas, que no son homogéneos sino asimétricos y hasta contradictorios. Por este motivo, es tarea urgente la consolidación en nuestro país de un sector seguridad con Políticas Públicas  flexibles y  adaptables a la realidades locales, y no por ello menos serias e interagenciales, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que garanticen no solo que la política atienda las  coyunturas mientras se planifica la construcción de intervenciones para el largo plazo, religando los imaginarios desfigurados que conciben a la gobernanza de la seguridad como piezas sueltas de un rompecabezas del cual no existe claridad de su configuración total. El futuro traído al presente debería ser un ejercicio permanente de construcción donde la academia y formación en estudios de futuro y prospectiva sea transversal a las mallas curriculares de educación superior, con la Ciencia Política, con los Estudios Estratégicos y de seguridad, que den paso a la especialización y profesionalización de cuadros expertos que contribuyan a buscar las mejores salidas que le urgen al país en la para su conducción político-estratégica,  alertando y anticipando de manera continua los potenciales cambios, disrupciones a la vez que buscando una rehumanización de la política.

[1] Varios analistas se refieren ala primera como una gobernanza de arriba abajo, donde el uso de la amenaza, la fuerza priman y se ejercen sobre las autoridades locales, líderes comunitarios, poblaciones; mientras que la horizontal, es más cooperativa, mediante el uso de mecanismos de apoyo criminal dando seguridad a las poblaciones, dándoles trabajo criminal, entre otros.

[2] Sin importar ya ni sexo, ni edad, ni condición de las víctimas