Al final de mi artículo anterior titulado “Desinstitucionalización del Estado “, expresé lo que a continuación transcribo: “Uno de los problemas graves de nuestro país, es que si uno busca obtener una información, un servicio público, un documento, una resolución, de la burocracia estatal, encuentra que es casi una misión imposible. También los funcionarios que actúan dolosamente o que tuercen el mandato de las leyes o las interpretan a su antojo para no atender correctamente una petición ciudadana, o aquellos que simplemente no cumplen con las leyes y hacen todo lo contrario a lo que mandan las leyes, prevalidos de que no les va a suceder nada ni que nadie se atreverá a enjuiciarlos penal y civilmente, porque para que suceda esto, el ciudadano de clase media o de los sectores populares o los pobres , tendrían que buscar un abogado y pagarle su trabajo para iniciar alguna acción judicial en contra de cualquier funcionario que no cumple con su deber”.

En el Código Penal anterior que estuvo vigente hasta el 9 de febrero de 2014, en la tipificación del delito de prevaricato, se incluía a estos funcionarios. El artículo 277. números 4 y 5 de dicho Código, decía: “Art. 277, decía: “Sujeto Activo.- Son prevaricadores y serán reprimidos con uno a cinco años de prisión: 4.- Los empleados públicos de cualquier clase que, ejerciendo alguna autoridad judicial, gubernativa o administrativa, por interés personal, afecto o desafecto a alguna persona o corporación, nieguen, rehúsen o retarden la administración de justicia, o la protección u otro remedio que legalmente se les pida o que la causa pública exija, siempre que estén obligados a ello; o que, requeridos o advertidos en forma legal, por alguna autoridad legítima o legítimo interesado, rehúsen o retarden prestar la cooperación o auxilio que dependan de sus facultades, para la administración de justicia, o cualquiera necesidad”. Con esta disposición legal que ponía a un burócrata en una situación penal muy complicada si no atendía el requerimiento ciudadano, la burocracia estatal en la mayoría de casos cumplía con su deber. Pero desde que esa disposición legal fue suprimida, intencionalmente para dar carta abierta y una pizca o migaja de poder a cualquier burócrata y, en especial, para obstaculizar hasta el cansancio al ciudadano que buscaba y busca proveerse de documentos y resoluciones importantes para la defensa de sus derechos y de la persecución, especialmente política, cualquier burócrata de tercera categoría no atiende, no resuelve o resuelve torcidamente, no entrega documentos y, no cumple sus deberes legales, bajo la seguridad de que su actuación e incumplimiento de sus obligaciones quedará en la impunidad total y sin ninguna sanción. La ejemplificación es muy conocida: es lo que ocurre en un gran número de países donde la burocracia pone trabas innecesarias a los trámites ciudadanos, exigiendo documentos repetitivos o procedimientos administrativos sumamente complejos. Esto genera malestar, indignación, desmotivación y una sensación de impotencia y de derrota en la sociedad. Entonces, uno como ciudadano burlado se pregunta: Cuáles son las consecuencias sociales de una burocracia que no cumple con sus funciones y que no le importa violar las leyes para mantener su inercia burocrática. La contestación es muy simple: Una burocracia que no cumple con sus funciones y viola las leyes para mantener su inercia genera consecuencias sociales profundas y perjudiciales, entre las que destacan las siguientes: a) Pérdida de confianza en las instituciones: Cuando una burocracia es percibida como ineficaz o corrupta, se erosiona la confianza ciudadana en el sistema institucional. Esto puede llevar a una percepción generalizada de que las leyes son arbitrarias o irrelevantes, debilitando la cohesión social. b) Ineficiencia en los servicios públicos: El incumplimiento de las funciones burocráticas afecta directamente la calidad y disponibilidad de servicios esenciales como salud, educación, cultura, justicia y seguridad. Esto aumenta la desigualdad, ya que las personas en situaciones de vulnerabilidad son las más perjudicadas. c) Aumento de la corrupción: La falta de escrúpulos para violar las leyes crea un entorno y un caldo de cultivo propicio para la corrupción. Las redes clientelistas o el favoritismo pueden consolidarse, desplazando la meritocracia y fomentando el enriquecimiento ilícito. d) Desigualdad y exclusión social: Una burocracia ineficiente suele exacerbar la desigualdad al no garantizar derechos básicos de manera equitativa. Esto puede profundizar la marginalización de ciertos grupos sociales y agravar conflictos internos. d) Parálisis o retroceso económico: El funcionamiento deficiente de la burocracia desincentiva la inversión, genera barreras para la creación de empresas y obstaculiza el crecimiento económico. Esto impacta negativamente en el empleo y la calidad de vida. e) Debilitamiento del Estado de derecho: Cuando las instituciones no respetan las leyes, envían un mensaje peligroso de impunidad. Esto puede alentar a los ciudadanos y otros actores a ignorar o evadir las normas, debilitando el sistema legal y promoviendo una cultura de ilegalidad. f) Protestas y conflictividad social: La frustración ciudadana por el mal funcionamiento burocrático puede dar lugar a movimientos sociales, huelgas y protestas masivas. En casos extremos, puede conducir a desestabilización política o incluso a la violencia.

Aparte de estas consideraciones, la figura jurídica del silencio administrativo positivo, tampoco se cumple o se cumple muy rara vez, porque en el ámbito judicial, el tráfico de influencias y la intromisión en la Función Judicial, bloquean su efecto. También, y esto es lo más grave, la no atención a los peticionarios en sus requerimientos por parte de la burocracia, es una forma de burlarse de la ciudadanía, de humillarla y de demostrar que no le importa hacerlo porque sabe que no le va a suceder nada. Una burocracia y, esto ya en términos generales, que opera de esa manera no solo genera consecuencias prácticas negativas, sino que también envía un mensaje profundamente humillante y cínico a la ciudadanía. Este tipo de comportamiento es especialmente dañino porque refuerza una dinámica de desigualdad de poder y arbitrariedad que impacta directamente en la dignidad de las personas. Los estudiosos de la fenomenología de la burocracia, señalan algunos puntos clave que amplían el análisis y la reflexión y que a continuación los reproduzco. Estos son: a) Burlarse de la ciudadanía: la deshumanización del servicio público. Cuando una burocracia actúa con indiferencia o desprecio hacia los ciudadanos, deja claro que no considera a las personas como titulares de derechos, sino como meros objetos de trámite o como inconvenientes. Esta actitud deshumanizadora rompe el principio básico de que las instituciones existen para servir al pueblo, no para someterlo. b) Humillación sistemática: El trato negligente o prepotente de los funcionarios, unido a la ineficiencia deliberada, es una forma de humillación cotidiana. Se obliga a los ciudadanos a hacer filas interminables, cumplir con trámites absurdos o aceptar decisiones arbitrarias sin derecho a réplica. Este desgaste emocional no solo genera indignación, sino que también conduce a la resignación, el fatalismo y finalmente al quemeimportismo, con lo que la sociedad en su conjunto se afecta psicológicamente. c) Impunidad como mensaje de poder: La actitud de “no me importa porque no me va a pasar nada” es una declaración implícita de poder. Transmite a la ciudadanía que las reglas no se aplican a todos por igual, y que quienes están en el poder pueden operar sin consecuencias, es decir, hacer lo que le da la “regalada” gana. Esto refuerza la sensación de injusticia y aleja a las personas de los procesos democráticos, porque ven un sistema manipulado al que no se le puede exigir rendición de cuentas. d) Consecuencias sociales profundas: Esta actitud de la burocracia, que en muchas ocasiones se da acompañada de prepotencia y de desprecio al ciudadano tiene efectos profundamente negativos que van más allá de lo inmediato, como la desmoralización colectiva, pues las personas pierden la motivación para reclamar sus derechos y perenniza la actitud de inercia y abuso; el fomentar la ilegalidad, Si las instituciones no cumplen las reglas, los ciudadanos sienten que no tienen por qué hacerlo tampoco, lo que contribuye al caos y a la desorganización social; Y, lo que es peor, produce en la sociedad la deslegitimación del sistema, ya que se siembra la idea de que el sistema y el Estado están diseñados para oprimir, no para servir, lo que puede convertirse en un elemento más de descomposición social y política. e) Constitución de una forma de control y sometimiento: Humillar a la ciudadanía también funciona como un mecanismo de control, especialmente en contextos donde la burocracia intencionalmente obstaculiza el acceso a recursos esenciales. Esto pone a las personas, y con mayor razón a los adultos mayores, en una posición de dependencia y vulnerabilidad, debilitando su capacidad de criticar al sistema, a los funcionarios públicos, a las instituciones y, a las funciones del Estado. Se produce la subyugación total de la sociedad y la pérdida gradual de sus derechos y garantías constitucionales.

La solución requiere de reformas estructurales profundas que combatan la impunidad, fortalezcan la transparencia y ubiquen a la dignidad y respeto ciudadanos en el centro de la preocupación de quienes dirigen las funciones del Estado para entre otras acciones conseguir la simplificación de trámites y procesos burocráticos, la implementación de programas de capacitación para conseguir productividad y eficiencia en la burocracia, la profesionalización del servicio público y la estructuración correcta y justa de una carrera administrativa que garantice estabilidad de los burócratas así como programas de evaluación permanentes sobre el cumplimiento de funciones y la expedición de una normatividad disciplinaria y sancionadora de las faltas administrativas. Y lo más importante; tener la voluntad y la decisión política de hacerlo y de hacerlo cumplir. En dos oportunidades en nuestro país se han dictado normas de “desburocratización” sin que nadie se haya preocupado de hacerlas cumplir. Ni siquiera los que las expidieron.