Este lunes 23 de diciembre de 2024, la jueza Nubia Vera se pronunció dentro del proceso de acción de protección interpuesto por la vicepresidenta Verónica Abad, acogiendo la acción presentada y levantando la suspensión de cinco meses en sus funciones. Al finalizar la audiencia y ante los medios de comunicación presentes, la jueza sustanciadora, denunció a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, y a funcionarios cercanos a su despacho por haber ejercido presión en este caso para negar la acción de protección. Las personas denunciadas deben responder ante el país.

La jueza Vera denunció que se le iniciaron procesos disciplinarios como una forma de amenaza y presión. Asimismo, señaló que se le habría entregado una memoria USB que contenía la resolución que debía dictarse en el caso de la vicepresidenta Verónica Abad.

Las aseveraciones de la jueza Vera ponen de manifiesto cómo, de manera inescrupulosa, el Consejo de la Judicatura recurre a acciones disciplinarias para interferir en decisiones judiciales autónomas. Si bien esta práctica no es nueva, tampoco es menos cierto que, tras los casos de corrupción conocidos como Metástasis, Plaga y Purga, los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura prometieron desterrar la corrupción de este organismo y recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia. Sin embargo, todo ha quedado en simples promesas.

Este hecho adquiere mayor relevancia por el evidente interés político en juego, ya que sus resultados podrían incidir en otras decisiones controvertidas, como el posible incumplimiento de la obligación legal del presidente de la República, Daniel Noboa, de solicitar una licencia durante su campaña para la reelección.

A pesar de los ofrecimientos de cambio, depuración y mejoras en la administración de justicia, el país sigue enfrentando más de lo mismo y los principales perjudicados son los ciudadanos, quienes han perdido la confianza en el sistema y sienten que sus derechos no están siendo debidamente protegidos.

Por ello, resulta crucial el escrutinio público sobre las ternas que deberán presentar las funciones Ejecutiva y Legislativa, la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía y Defensoría Pública ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la nueva conformación del Consejo de la Judicatura, garantizando que los mejores perfiles sean seleccionados.