La Comisión de Fiscalización y Control Político recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el enjuiciamiento político de Juan Esteban Guarderas Cisneros, en su calidad de consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al encontrarse inmerso en incumplimiento de sus funciones.

En el informe motivado no vinculante aprobado por la Comisión con 5 votos, la solicitud de juicio político presentada por la asambleísta Ana Cecilia Herrera Gómez, en contra del consejero del CPCCS, Juan Esteban Guarderas, cumple los requisitos que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Según las conclusiones, la mesa de Fiscalización garantizó el derecho al debido proceso y derecho a la defensa de todas las partes, conforme lo establece la Constitución, en su artículo 76, y la LOFL, en sus artículos 79, 80, 80.1, 81 y 81.1.

Se enfatiza que las partes, en todo momento, tuvieron acceso al expediente digital que fue notificado el día en que el presente juicio político fue calificado por la Comisión; mismo que contiene todas las pruebas de cargo y de descargo anunciadas y presentadas por la asambleísta proponente y el funcionario cuestionado.

Sobre el primer cargo, -violación del deber de reserva y protección al denunciante- se determina que Juan Esteban Guarderas, incumplió las funciones que le asigna la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, específicamente los artículos 14 y 43.

Con relación al segundo cargo -presunto tráfico de influencias y violación a la independencia judicial- y tercer cargo -presunta falsificación de firma- se concluye que Guarderas incumplió las funciones que le asigna la Constitución, específicamente el artículo 83, numeral 17.

Luego de conocer las recomendaciones y conclusiones, la asambleísta Sofía Espín dijo que la exposición de la legisladora interpelante ha sido clara y que la defensa no suficiente del consejero Guarderas ha dejado claro el incumplimiento de funciones, por lo que mocionó la aprobación del informe y que el proceso de juicio político continúe en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Tras la aprobación del informe, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre resaltó que se ha cumplido con la Ley y dispuso que hoy se envíe todo el expediente a la Presidencia de la Asamblea Nacional, para que sea remitido al Pleno para su tratamiento.