El potencial minero de Ecuador resulta evidente. Con apenas dos proyectos de gran minería metálica en producción más lo generado por la pequeña minería (principalmente de oro en el cantón Ponce Enríquez), las exportaciones mineras en 2023 ascendieron a USD 3.324 millones. Según el Banco Central en ese año los minerales más exportados fueron: Oro Doré (USD 1.391 miles), Concentrado de Cobre (USD 1.238,3 miles) y concentrados/minerales de Oro (USD 684,1 miles). Las exportaciones de Oro Doré fueron de 874 miles de onzas troy, lo que implica 53,5% de aumento respecto al volumen de 2022. El crecimiento de 68,1% en valor, corresponde al incremento del valor unitario al que se comercializó.

De acuerdo con el reporte Commodity Markets Outlook (World Bank oct 2023), el precio promedio anual del oro presentó un incremento de 7,9% en 2023, llegando a USD 1.943 por onza troy, lo cual se relaciona con la incertidumbre geopolítica mundial derivada de conflictos como el de Medio Oriente o la guerra en Ucrania, lo cual impulsa la demanda de oro por parte de inversores que refugian sus capitales en este metal.

A pesar del potencial minero del Ecuador, el sector aún no despega de manera apropiada y cuando se intenta analizar las causas de ello, resulta que existen gran cantidad de cabos sueltos, acciones inconclusas, intereses contrapuestos y preguntas que no han logrado ser solventadas por las mismas instituciones estatales responsables del sector. Así que haremos un breve recorrido en los siguientes artículos semanales sobre estas dificultades que afectan al desarrollo de la minería y que deben ser resueltas por el gobierno que resulte electo en febrero próximo.

1. Incumplimiento por parte del propio Estado de la disposición transitoria sexta de la Ley de Minería promulgada en 2009, donde se estipula “ SEXTA.- En el plazo de 180 días a partir de la vigencia de la presente ley, el Ejecutivo remitirá a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Fomento, Participación y Capacitación a la Pequeña Minería y Minería Artesanal.”

Los Gobiernos de turno al haber incumplido la promulgación de la ley que debía regir a la pequeña minería y minería artesanal, resultan corresponsables de los problemas que han surgido desde 2009 en torno a esta actividad. Además esto ha provocado que se norme la pequeña minería vía instructivos desde la cartera de estado que en su momento fue Ministerio y hoy está reducido a un Viceministerio. Ha traído también como efecto secundario un manejo sesgado y altamente variable de la norma al depender de simples instructivos emitidos por la autoridad sectorial de turno que constantemente cambia, lo que conlleva una debilidad en la seguridad jurídica.

¿Por qué siguen los Gobiernos evadiendo su responsabilidad de remitir a la Asamblea Nacional una propuesta de ley para pequeña minería y minería artesanal?

• Incumplimiento del Estado respecto a la conformación del Consejo Ciudadano Sectorial de Minería, lo cual atenta contra la propia gobernabilidad estratégica sectorial.

La ley orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 52 establece los Consejos Ciudadanos Sectoriales como “… instancias sectoriales de diálogo, deliberación y seguimiento de las políticas públicas de carácter nacional y sectorial; constituyen un mecanismo para la discusión de los lineamientos y seguimiento de la evolución de las políticas ministeriales. Serán impulsados por la Función Ejecutiva y se desempeñarán como redes de participación de la sociedad civil articuladas a los ministerios sectoriales”. Además se indica que “En el marco de sus procesos de planificación y evaluación, las carteras de Estado convocarán, al menos dos veces por año, a los consejos ciudadanos sectoriales. A partir de la primera convocatoria, estos podrán autoconvocarse las veces que crean necesario, por pedido de la mayoría simple de sus integrantes. El financiamiento para el ejercicio de estas instancias deberá estar incluido en el presupuesto ministerial respectivo”.

Desde el Gobierno de Lenín Moreno no ha sido conformado este Consejo, lo cual representa una violación a la ley.

¿Cómo se espera una adecuada Gobernanza del sector si el Estado incumple la ley?